Negar las desapariciones forzadas en México sólo alienta la impunidad y la falta de acceso a la verdad

Ciudad de México a 11 de abril de 2025

Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México vemos con suma preocupación que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúe con la negativa de reconocer que en México se cometen desapariciones forzadas, al grado de pedir la renuncia del presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, por haber activado el protocolo establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional.

El gobierno de la 4T, en este afán de no reconocer esta grave práctica, lo único que deja en evidencia son dos cuestiones: el poco conocimiento que se tiene en todas las instancias en materia de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos o el dolo con que está actuando. No es la primera ocasión en que los funcionarios públicos de la 4T, específicamente los de la Secretaría de Gobernación, hacen gala de ignorancia y soberbia.

Como organizaciones que conformamos la Campaña, a lo largo de 15 años hemos sido testigos del incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano en esta materia.

Le recordamos al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheimbaum, que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos, que no prescribe y que es continua, esto es, mientras no se conozca el paradero de las víctimas la desaparición forzada se sigue cometiendo aún en esta fecha. Así como mientras no se hagan las investigaciones correspondientes para saber la verdad y garantizar justicia, el Estado sigue siendo responsable del cometido de este grave crimen, es decir, no existen desapariciones forzadas del pasado, cada desaparición forzada cometida en sexenios anteriores se sigue cometiendo hoy en día y el gobierno de la 4T tiene responsabilidad en ellas hasta que garantice los derechos de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición.

Ahora bien, también le recordamos a la Presidenta que tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos dos años de su mandato, se cometieron 15 desapariciones forzadas contra personas defensoras de derechos humanos. Precisamente en el último informe que presentamos en 2024, alertábamos sobre la política negacionista del gobierno de la 4T con relación a este tema, que ha traído como consecuencia una gran impunidad y la falta de acceso a la verdad.

Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre en Jalisco es una muestra que se sigue cometiendo esta grave violación a los derechos humanos contra el pueblo no organizado, en tanto, como es de conocimiento público, en la desaparición y reclutamiento forzado participaron agentes de Estado del municipio de Tala.

Otro ejemplo de desaparición forzada por aquiescencia es la del defensor de la tierra y el socialismo Daniel Gómez Sántiz, en el estado de Chiapas quien fue detenido desaparecido en 2023 por el grupo paramilitar “Los Petules”.

También está el caso de 14 elementos de la Guardia Nacional que el 27 de marzo de 2022 desaparecieron de manera forzada y ejecutaron a una persona en el municipio de Vicente Guerrero en Durango, acto que quedó asentado en la recomendación de la CNDH.

Como Campaña hemos documentado que la estrategia que utilizan los Estados para intentar diluir su responsabilidad en el caso de las desapariciones forzadas es mediante la utilización de la aquiescencia. Es decir, el Estado desaparece a través de terceros, de particulares con su consentimiento, autorización o mandato.

Otra situación que preocupa a los familiares de víctimas y organizaciones populares y de derechos humanos es que las reformas planteadas a la Ley General vulneran varios derechos fundamentales, en tanto dichas reformas están pensadas desde la visión de atender las desapariciones forzadas, que a su vez niegan que existan, como un problema de seguridad nacional. Lo cual trae como consecuencia, la violación del derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad, y más grave aún el derecho a la justicia.

El problema de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares no se resuelve dándole más poder al Centro Nacional de Inteligencia, instancia de gobierno que viola los derechos humanos y que es utilizado para el espionaje político.

Si se quitara el manto de impunidad a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios federales y estatales que ha cometido las desapariciones forzadas sería un primer paso para realmente frenar las desapariciones forzadas.

Si el segundo piso de la 4T realmente quiere mostrar voluntad política para erradicar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, deberían hacer todo lo posible para que las reformas a la Ley General sean abocadas a la obligación tanto de la FGR como de la CNB de trabajar de manera conjunta para garantizar en los hechos Verdad y Justicia a las miles de víctimas y sus familiares, así como sancionar penalmente a los funcionarios que no lo hagan.

Por lo anterior como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, hacemos públicas el mínimo de reformas requeridas para dar un paso en beneficio de las víctimas y sus familiares:

a) La creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense.
b) El reconocimiento del derecho a la Justicia
c) Agregar los artículos necesarios para el establecimiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos, tanto de las fiscalías como de las comisiones de búsqueda que dilaten u obstaculicen el avance de las investigaciones y/o se nieguen a trabajar de manera conjunta para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
d) En los Capítulos Segundo, Quinto y Sexto del Título Segundo de la ley general, se deberán reformar todos los artículos y fracciones para que quede asentada la obligación del trabajo conjunto en todo momento de las fiscalías y las comisiones de búsqueda. La investigación y la búsqueda de las víctimas debe ir siempre de la mano.

Alertamos que de ser aprobada la reforma tal cual como está planteada, sin tomar en cuenta los riesgos, lejos de ser un paso para la erradicación de la práctica de la desaparición forzada será un instrumento para garantizar una mayor impunidad y el cometido de nuevas violaciones a los derechos humanos.

Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, hacemos un llamado a las familias, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones populares independientes y a los organismos internacionales de derechos humanos a sumar esfuerzos para lograr reformas a la ley general que garanticen Memoria, Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición.

Por último, como Campaña exigimos que, si en verdad existe voluntad de verdadero diálogo con las víctimas por parte del gobierno federal, en lo inmediato éste deberían traducirse en un avance sustancioso respecto a la búsqueda, investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales en los casos de desaparición forzada que se encuentran hoy sin resultados en la FGR y en la CNB, como los casos de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Fidencio Gómez Santiz, Teodulfo Torres Soriano, Virginia y Daniela y los más de 250 casos de luchadores sociales que desde el 2006 son víctimas de desaparición forzada.

¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LO QUEREMOS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES!
¡NI PERDÓN, NI OLVIDO!

ATENTAMENTE

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Federico Tatter, vocal internacional de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Comité Monseñor Romero, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Radio Común, Albergue Casa Tochán, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (SICSAL), Brigada Multidisciplinaria.

Correo: desaparecidos.presentacion@gmail.com