Amnistía denuncia desaparición forzada en Tamaulipas a manos de la Marina

CNNMéxico) — Minutos antes de que su esposo fuera detenido por presuntos agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Oralia Villaseñor recibió 400 pesos mexicanos para arreglar los daños ocasionados a la puerta de su casa cuando marinos entraron con violencia.

“Tenga este dinero para que arregle la chapa de su puerta y por el susto, lo que pasa es que nos denunciaron que aquí había algo y por eso entramos así”, le explicó un marino a Oralia el 5 de junio, antes de esposar a José Fortino Martínez Martínez, subirlo a una camioneta con insignias de la Semar y llevarlo a lo que ella identificó, según dijo en su declaración, como un campamento de esa dependencia, ubicado a las afueras de Nuevo Laredo.

Después de dos semanas, en esa ciudad fronteriza de Tamaulipas, donde José Fortino trabajaba en una cooperativa escolar de una primaria por un pago de 3,000 pesos mensuales, nadie lo ha vuelto a ver.

La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) emitió el 10 de junio pasado un comunicado expresando su preocupación por la detención “y la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez”. Pidió a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial, y asegurar que el mexicano pueda volver con su familia.

La Semar ha rechazado las denuncias sobre la presunta detención arbitraria de ciudadanos en Nuevo Laredo y explicó que la presencia de marinos en la zona, desde hace un mes, se debe a la “recopilación de información de inteligencia”, sin que se haya asegurado a alguna persona hasta el momento.

“La negación del involucramiento de la Marina no es adecuada y es evidente que la justificación no es suficiente para deslindarse de una investigación. Se ha emitido una solicitud de información con urgencia porque estas personas podrían estar siendo sometidas a tortura o a algo peor. El caso requiere de una investigación más profunda e inmediata”, dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, en entrevista con CNNMéxico.

Esa organización internacional denunció este viernes que entre el 2 y 5 de junio en Nuevo Laredo también desaparecieron, a manos de marinos, José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García.

Los organización civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó los casos de los cuatro hombres presuntamente desaparecidos a manos de marinos y los presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

La esposa de Joel Díaz, declaró ante el comité de Nuevo Laredo que el jueves 3 de junio a las 03:00 de la madrugada, antes de que hombres vestidos con chalecos de la Marina y armados con metralleta se llevaran a su esposo, pudo ver cómo lo golpearon.

En el caso de José Cruz Díaz, su madre declaró que fue secuestrado el 2 de junio a las 23:30 mientras trabajaba en un negocio de tatuajes por hombres que llegaron al lugar a bordo de vehículos oficiales.

La esposa de Martín Rico García dijo que no hubo violencia cuando se lo llevaron y que incluso le pidieron que le preparara un cambio de ropa sin hacer preguntas. Pero desde que tocaron en la puerta de su casa el 5 de junio a las 06:00, no ha vuelto a saber nada de él.

El delito de desaparición forzada fue tipificado en México a nivel federal en junio de 2001. La legislación mexicana lo define como el delito en el que un funcionario, “independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

Según organizaciones civiles que presentaron en marzo pasado el documento Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, desde 2006 se han reportado al menos 3,000 desaparecidos a manos de fuerzas federales.

La última recomendación que emitió la CNDH sobre un caso de desaparición forzada es la 34/2011 del 7 de junio pasado dirigida a la Secretaría de Marina.

La recomendación es sobre la desaparición forzada, tortura y privación de la vida de un presunto delincuente que tras haber resultado herido, debió ser trasladado por marinos al Hospital Universitario en Monterrey, capital de Nuevo León.

La CNDH documentó que el 22 de marzo de 2010 el hombre fue encontrado muerto en un lote baldío del municipio de San Nicolás de los Garza, por lo que recomendó a la Semar indemnizar y reparar los daños de la víctima e iniciar una amplia averiguación sobre el caso.

En el caso de las presuntas desapariciones forzadas en Tamaulipas, la CNDH no se ha pronunciado, sin embargo Rupert Knox aseguró que visitadores de Amnistía Internacional ya investigan el caso.