Que me digan dónde está para ponerle una veladora´

Que me digan dónde está para ponerle una veladora´

Frente a la impunidad criminal, vacíos legales y la carencia de una estrategia, las privaciones de la libertad continúan en aumento; en 3 años se cuentan mil 391

Culiacán, Sinaloa.- Dos años después, lo único que pide es ver a su hermano... vivo o muerto. No pide más. Cuando recuerda aquel 4 de julio de 2009, se le derraman lágrimas.

¿Dónde está? y ¿por qué?, son las interrogantes sin respuesta para Alma Rosa.

Han pasado 723 días, desde aquella noche en que perdió a su hermano. Casi dos años de investigaciones sin resultados concretos.

Alma es hermana de Miguel Ángel Rojo Medina, quien ha pasado a ser parte de las 269 personas que fueron levantadas por desconocidos y no aparecen.

"Yo no pido venganza", clama, "pero que se compadezcan de nosotros, una llamada anónima, y nos digan donde está", dice con profunda tristeza, dolor y angustia Rosa, cuyo hermano menor fue levantado cuando acababa de llegar a Estación Obispo, sindicatura de Emiliano Zapata.

Miguel, con tres hijos, era encargado de un campo agrícola en Elota.

Aquella noche, antes de desaparecer, Miguel hizo una carne asada a los trabajadores de campo.

Los recuerdos. Su vieja camioneta, con las llaves pegadas, fue lo único que quedó abandonado afuera de aquella casa.

"Que por lo menos me hagan una llamada y me digan dónde está, para saber dónde poner una veladora", insiste doña Rosa.

Con el inicio del nuevo gobierno estatal, la Procuraduría de Justicia quitó al investigador que venía realizando las indagatorias en la averiguación previa 112/2009, radicada en la agencia séptima del Ministerio Público.

Miguel no es un delincuente, ni traía problemas, dice Alma Rosa, quien pide una explicación a la Procuraduría del por qué han dejado de investigar la desaparición de su hermano.

Sin descanso. En estos casi dos años ha sido una lucha incansable. Ha asistido a marchas, al grado de haber buscado ayuda de funcionarios de la ONU para presionar al gobierno de Sinaloa, para esclarecer la privación de su hermano.

En ese tiempo no ha perdido la esperanza, a pesar que en varias ocasiones policías le han pedido deje de hacer marchas o plantones, porque podrían matarla.

Desaparecido. Era de noche del 4 de julio. Su jornada ya había concluido. Aquel día, Miguel se trasladó a Estación Obispo, a recoger cuatro garrafones para agua vacíos, a fin de llenarlos.

Eran las 21:05 horas cuando, ya con los garrafones, regresó a la casa de su pareja, donde al parecer sujetos desconocidos se lo llevaron con rumbo desconocido.

Su pareja dijo que no se había dado cuenta de lo que pasó ni cómo sucedieron los hechos. La vieja camioneta había quedado con las puertas abiertas y las llaves en el encendido.

Esa misma noche, a las 21:40, Miguel hizo una llamada a su hija, a quien le dijo que iría a Culiacán, pero la voz de Miguel era agitada, recuerda Alma Rosa.

"¿Hija dónde estás?, ¿pero estás bien?, ¿estás bien?", eran las preguntas insistentes que repetía el señor de 49 años al teléfono.

Con voz seria dijo que iría con unos amigos a Culiacán.

Última llamada. Cuando Miguel desapareció, la sospecha fue que sus captores le permitieron hacer una última llamada para despedirse de sus hijos.

En esos días de angustia y desesperación en que, por cierto, no pudieron poner denuncia hasta los tres días después, volvió a sonar el celular.

Eran las 20:05 horas del 7 de julio. La llamada provenía del número de Miguel. Eran desconocidos. Hablaron y le preguntaron a la pequeña, en tono duro, por Miguel, un hijo del mismo nombre: "Quiero que le digas a Miguel, que a Miguel ya lo matamos".

Rastreo. Meses después los investigadores hicieron un diagrama de todas las ubicaciones de donde salieron las llamadas hechas del celular de Miguel, pero la investigación ya no prosperó.

Un año dos días después del levantón, un cuerpo con las características del hermano de Alma fue hallado colgado en el cerro El Avión, en Baila. Policías habían caminado por una hora para hallar un cuerpo. Una esperanza había revivido. Meses después, la prueba de ADN practicada resultó negativa y la esperanza de encontrarlo se volvió a desvanecer.

Sinaloa sin una ley contra las despariciones

A pesar de tener históricamente el problema, Sinaloa carece de una ley para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas, como sí la tienen Guerrero, Baja California y Chiapas.El fenómeno delictivo, agravado por la lucha de los criminales, no ha preocupado a los diputados locales, al grado que no hay una legislación, un protocolo, menos grupos especializados para combatir esta incidencia.Para el defensor de los derechos humanos, Óscar Loza Ochoa, "es sumamente delicado" que una entidad, con serios problemas de violencia, cuente con una ley especializada y, más grave, dice, que sus legisladores no hagan nada al respecto."Por más que nos digan que son buenos los investigadores, pueden ser buenos para investigar un robo de un banco, de vehículos, pero tienen tiempos diferentes. La práctica nos ha enseñado que si no lo hacen en las primeras horas, es muy difícil esclarecer un caso".Loza Ochoa, ex presidente de la CEDH, destacó que si bien no hay una ley, debe existir un protocolo para que cumplidos tres indicios se pueda presumir una desaparición forzada.

Los "levantones" son "cobijados" en ineficiencia de las autoridades

Culiacán, Sin.- Son miles de casos en Sinaloa, y la impunidad reina en la mayoría.

Otros cientos de los llamados ’levantones’ simplemente se podrían quedar en cifra negra por miedo o desconfianza a la autoridad para denunciar.

La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa revela una realidad espeluznante: 2 mil 600 personas privadas de la libertad por delincuentes en los últimos 9 años.

La lucha encarnizada iniciada en 2008 con la ’narcoguerra’ entre los cárteles trajo consigo una ’rentabilidad’ en este modus operandi a los grupos criminales, fecha desde la que se cuentan mil 391 privaciones.

De acuerdo con una solicitud a través de la ley de transparencia, la fiscalía estatal reporta que el año pasado se cometió casi la cuarta parte de todos los hechos acontecidos en una década. 581 personas fueron privadas de la libertad por criminales. Una cifra de hechos de violencia nunca antes alcanzada.

La alta incidencia no ha sido suficiente para llevar a las autoridades a crear una estrategia integral de prevención y reacción o grupos que podrían estar constituidos en ministerios públicos, policías y peritos especializados.

>Facturas. De acuerdo con el reconocido criminólogo Joel Quiñónez Reyna, la privación de la libertad lleva consigo el objetivo de sacar información ’valiosa’ a la víctima, dar un mensaje al grupo contrario para ’marcar’ la territorialidad de un grupo criminal o asesinar a la víctima.

El estudioso de la conducta criminal reveló que la explicación de estos casos va en función de victimizar a los ofendidos.

"También puede ser como una forma de ’marcar’ territorios, cobrar facturas o delitos que no se han resuelto anteriormente por parte de la autoridad", dice el director del Instituto de Criminología.

Impunidad. La impunidad con la que operan los grupos criminales es el aliento para seguir delinquiendo, dicen especialistas en derecho.

El año pasado la procuraduría radicó 500 averiguaciones previas en las agencias del Ministerio Público por el delito de privación de la libertad personal, y el 71 por ciento sigue sin castigo, es decir, 356 averiguaciones en la impunidad, porque los investigadores siguen sin acreditar la responsabilidad del o los autores de los hechos.

Para el doctor en derecho por la UAS, el constitucionalista Gonzalo Armienta Hernández, los ’levantones’ predominan no sólo por la ausencia de una tipificación de la desaparición forzada, sino por la corrupción policial y la nula investigación de los hechos.

"El principal problema está en la corrupción de las propias autoridades, quienes protegen este tipo de desapariciones; no hay una investigación seria y científica para esclarecer los casos", aseveró el hoy coordinador de posgrados de la UAS.

"Lo más grave es que no se esclarezca, no tanto que no se castigue. No he leído que digan mira, desapareció, y estas fueron las causas o razones por las cuales hubo el lamentado ’levantón’ ", criticó el abogado.

En el artículo 164 del Código Penal de Sinaloa se tipifica y castiga la privación de la libertad como delito, con penas que van de los dos a seis años, pero no existe un protocolo para presumir la desaparición forzada de una persona.

En la legislación sinaloense se describe llanamente la privación de la libertad personal como "el particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal".

Vacíos. Para el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Leonel Aguirre Meza, el delito de privación ilegal de la libertad no convence, y menos cuando no hay una política pública que vaya encaminada a prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta conducta.

"No existen policías especializados para atacar este delito, ya que nunca se observan grupos especiales que reaccionen con labores de inteligencia frente a un ’levantón’", dice el activista social.

Hoy esta organización ha documentado cientos de desapariciones. Tiene reporte de un incremento desproporcional de personas desaparecidas en el marco de la lucha del crimen organizado.

De acuerdo con información oficial de la procuraduría, la conducta delictiva de las privaciones está focalizada principalmente en seis municipios. Estos son Culiacán, Mazatlán, Ahome, Navolato, Elota y Salvador Alvarado; mientras que Badiraguato y Choix son las regiones con menos casos reportados.

Sólo el año pasado Culiacán reportó 277 de los 581 casos, y este año van más de 70 personas privadas de la libertad, casos que en su mayoría terminan en el homicidio de la persona.

>No investigan. De acuerdo con la PGJE, la no localización de una persona "no es un dato suficiente para iniciar una averiguación previa", pues se requiere de algún indicio para investigar, de lo contrario no.

"Pues un individuo puede desaparecer por una gran cantidad de causas".

Por lo anterior, no existe un procedimiento establecido para considerar a una persona como desaparecida.

En este tema, el procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, reconoce que este es un modus operandi del crimen organizado. "A medida que les están frenando los delitos que cometen, ellos buscan otras actividades ilícitas".

’Levantones’, nutridos por vacíos legales y desinterés de las autoridades

Sinaloa no cuenta con una ley para prevenir y castigar las desapariciones forzadas, a pesar de este grave problema, como sí hay en otros estados.

Si no hay ningún indicio delictivo para presumir la desaparición de una persona, el Ministerio Público del fuero común no investiga los casos.

El fenómeno de los llamados ’levantones’ se acrecentó a partir de 2008, cuando se desató la llamada ’narcoguerra’ entre cárteles de la droga en el país.

Sinaloa no cuenta con ningún grupo especializado para buscar en las primeras horas a las personas que son reportadas como ’levantadas’.

1391

’LEVANTONES’ se han denunciado ante los MP de 2008 a la fecha en Sinaloa.

768

AVERIGUACIONES previas están en la impunidad ante la PGJE desde 2008 a la fecha en Sinaloa.

SEGURIDAD

En Sinaloa iniciaron con los movimientos sociales

En Sinaloa el fenómeno de las desapariciones forzadas surgió a partir de los años 70.

A comparación con la actualidad, esos hechos eran derivados de los movimientos estudiantiles, donde en esta época en la entidad se documentaron 32 estudiantes desparecidos.

"Una segunda etapa es la ubicada en los años 80 con la operación Cóndor, en la lucha contra el narcotráfico; ahí se dieron importantes casos de desaparición", recuerda el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Leonel Aguirre Meza.

El defensor de los derechos humanos explicó que una tercera etapa, la moderna, los casos se contextualizan en la lucha encarnizada que mantienen los cárteles de la droga en el país.

>Despunte. De la lucha contra el narco, la Comisión de Defensa se tomó a la tarea de hacer un recuento de las personas que fueron desaparecidas. De 2003 a la fecha cuenta 227, un 260 por ciento más que el periodo de 1994 a 2003.

"Es espeluznante, nos preocupa demasiado porque no vemos que exista una política pública, ni siquiera una preocupación de la autoridad para darle trato a esta conducta".

Aguirre Meza sostuvo que en este tema la autoridad está completamente ausente.

El abogado penalista aseguró que están documentadas historias muy trágicas de personas torturadas, asesinadas y hasta extorsiones, donde hay gente que se ha ’quedado en la calle’.

Expuso ejemplos documentados en Chihuahua, donde los autores de ’levantones’ eran elementos de las policías.

Criticó que en el Código Penal de Sinaloa ni siquiera exista la tipificación de delito de desaparición forzada.

"Cómo vas a investigar un delito que no aparece; eso es lo grave de esto".

Los encapuchados ya crearon la ’encapuchadocracia’, en la que disponen de la vida de los demás«

Leonel Aguirre

Activista derechos humanos

Sumamente delicado que en una entidad con serios niveles de violencia no haya una ley especializada«

Óscar Loza Ochoa

Activista derechos humanos