Daniela y Virginia, 2 años después de su desaparición forzada

Ubicada en la zona montañosa conocida como Nudo
Mixteco, la región triqui se divide en tres
partes: la zona baja, cuya cabecera municipal es
San Juan Copala; la media, comprende San Martín
Itunyoso, y la alta, con sede en San Andrés
Chicahuaxtla. Los pueblos triquis se encuentran
en tres municipios: Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla de Guerrero.

Las hermanas Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de
julio de 2007 de San Juan Copala, en el trayecto
que va a Santiago Juxtlahuaca. Virginia, con 20
años, era maestra de educación primaria bilingüe;
Daniela, estudiante, tenía 14 años.

Versiones de dos testigos ante el Ministerio
Público ubican por última vez a las jovencitas en
una camioneta sin placas, vendadas y amagadas con
pistolas por miembros de la Unidad de Bienestar
Social de la Región Triqui, conocidos "por su alta peligrosidad".

Cinco días después, el 10 de julio, doña Antonia
Ramírez Cruz y Emelia Ortiz -madre y prima,
respectivamente, de las desparecidas-
interpusieron la denuncia por desaparición
forzada ante el Ministerio Público, pero éste
prefirió consignar la averiguación por
"secuestro" (a finales de ese mismo año), dice en
entrevista telefónica Yésica Sánchez Maya, de la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

La desaparición forzada ha sido una forma de
criminalizar la protesta social en el país y
constituye una de las peores formas de violación
a los derechos humanos. Las mujeres indígenas son
las que más se enfrentan a situaciones de
vulnerabilidad por ser mujeres y por ser indígenas, dijo la activista.

Aunque el gobierno ha negado la existencia de tal
práctica, las organizaciones civiles defensoras
de derechos humanos han documentado casos de
desaparición forzada; el más representativo es el
Rosendo Radilla, que actualmente se encuentra en
espera de sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También destacan los casos de dos integrantes del
Ejército Popular Revolucionario por cuya causa se
constituyó una comisión de mediación integrada
por destacadas personalidades de los derechos
humanos, la academia y el periodismo.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Un mes después de interpuesta la denuncia (10 de
agosto), la madre y la prima de las desaparecidas
se entrevistaron con el procurador de Justicia de
Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para
pedirle información sobre las indagatorias.

La respuesta del funcionario fue clara y
sarcástica, según reporta Raquel Sánchez, de la
Limeddh: "No arriesgaría a su gente" para buscar
a las hermanas Ortiz. "Si quieres, puedes ir a
Putla, Juxtlahuaca o a la zona triqui a buscar a
tu familia, hasta voy a aplaudir si haces eso", respondió.

Las familiares acudieron también a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, que se limitó a
"pactar con las autoridades estatales una
solución amistosa" cuya trascendencia es nula, expresa Yésica Sánchez.

La familia se trasladó, entonces, a la Ciudad de
México en enero de 2008 y presentó la queja
correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El pasado junio, este organismo -el mismo que en
2007 declaró que la muerte de la anciana indígena
Ernestina Ascencio, violada tumultuariamente por
militares, se debió a una gastritis- notificó a
la madre de las triquis "que la queja no tenía
materia", basándose, dijo Sánchez Maya, en la
"solución" amistosa de la comisión estatal. Es
evidente, destaca la activista, el desprecio de
la CNDH por las mujeres indígenas.

SIN ALERTA DE GÉNERO

En abril de 2008, un grupo de organizaciones
civiles de Oaxaca solicitó a la Secretaría de
Gobernación decretar la alerta de violencia de
género para la zona Triqui, debido al incremento
de las violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones de mujeres.

Durante ese mismo año, diputadas integrantes de
la Comisión de Equidad y Género se comprometieron
con Antonia y Emelia para presentar un punto de
acuerdo a fin de que el secretario general de
Gobierno, Manuel García Corpus, rindiera un
informe sobre el caso. Las legisladoras también
se pronunciaron por exigir la declaratoria de la alerta.

Sin embargo, a decir de Sánchez Maya, en ese
entonces faltaba el Reglamento de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que mandata la Alerta, lo que "sirvió
de pretexto" para que las legisladoras se "desafanaran" del asunto.
Sánchez Maya precisa que la alerta no se ha
vuelto a solicitar debido a la presión social que
las comunidades ejercieron sobre Antonia y
Emelia, con la excusa de que "la zona se militarizaría, de exigir la alerta".

LA CIDH DOCUMENTA EL CASO

Durante su visita a Oaxaca en agosto de 2007,
Florentín Meléndez, entonces presidente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
conoció de primera mano el caso al entrevistarse
con Antonia y Emelia. Ante ellas se comprometió a
que lo seguiría de cerca, lo cual ha cumplido,
recuerda Sánchez Maya, quien explica que la
Limeddh lo ha mantenido informado sobre la
situación, misma que está documentada por la CIDH.

Ya la familia discute la posibilidad de presentar
el caso de las jóvenes desaparecidas ante la
CIDH, platica a Cimacnoticias Emelia Ortiz.

Aunque el caso cumple todos los requisitos, la
decisión dependerá de doña Antonia, decepcionada
de las instancias de justicia y de las
autoridades, obligadas por ley a encontrar a sus
hijas y castigar a los responsables.

CIMAC