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Plaza pública
M. A, Granados Chapa
Miércoles 11 de noviembre de 2009, por
Ayer en comisiones senatoriales fue aprobado el nombramiento presidencial de Eduardo Medina Mora como Embajador en Londres, y seguramente esa decisión será confirmada mañana, cuando se presente al pleno.
De ese modo el ex Procurador General de la República y ex Secretario de Seguridad Pública podrá emprender una tarea apropiada a sus dotes y talentos, que personalmente lo resarza del desprestigio que suele padecer quien es despedido por su superior, no obstante los elogios que con bipolaridad manifiesta la espetó el Presidente Calderón a la hora de echarlo del Gobierno.
Decenas o quizá cientos de víctimas del mal desempeño de Medina Mora en sus encomiendas anteriores no serán, sin embargo resarcidas.
Continuarán sufriendo los efectos de la arbitrariedad con que el personal mandado por el ahora inminente miembro del servicio diplomático marcó sus vidas.
A la vista de sus antecedentes hubo quien candorosamente supusiera que senadores del PRD cuestionarían el nombramiento a la luz de su deplorable insuficiencia.
Pero quien haya imaginado tal posibilidad se llevó un chasco. El hidalguense José Guadarrama no tuvo más que elogios para el futuro representante de México ante la corona británica.
No es sorprendente esa actitud del legislador. Lo que asombra es que, tal vez a partir de su experiencia como alcalde de Jacala, presida la Comisión de Relaciones Exteriores.
Pero el asombro se disuelve tan pronto se recuerda que Guadarrama tiene ese encargo en Xicoténcatl sin mérito ni antecedente alguno, y sólo porque es miembro de Nueva Izquierda y ha estado próximo a "Los Chuchos" desde que era priista. Más cercano es aún a Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado y en el PRD padrino político, ¿habrá una palabra que designe al padrino de un padrino?, de Guadarrama, al punto de que, como anticipo de la feliz era democrática en que vivirán los perredistas tras su refundación, ya lo hizo candidato al Gobierno de Hidalgo, al que el Senador es inveterado aspirante.
Debí decir que será candidato derrotado, como sin duda ocurrirá de nuevo, si las bases del partido no fuerzan a sus tozudos líderes a formar alianza con el PAN y el PT para postular una candidatura viable y poderosa, como puede ser la de Xóchitl Gálvez.
Pero irresponsablemente me aparto del tema principal de esta columna, que es contrastar la ventura humana y profesional del embajador en ciernes con la oscuridad del destino que padecen quienes sufrieron, por ejemplo, represión en Atenco, a manos de la Policía Federal Preventiva, dependiente de la secretaría de seguridad pública a cargo de Medina Mora.
Quebrantos físicos de por vida, vejaciones que dejan en el alma cicatrices perpetuas son algunas consecuencias de la actuación conjunta de la PFP y la policía mexiquense en mayo de 2006.
Más actuales y vigentes son los daños y perjuicios causados a personas detenidas por la AFI o por personal de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la Siedo, que ignoro sobre qué bases jurídicas realiza acciones privativas de la Policía Ministerial.
La gama de detenciones arbitrarias, fundadas cuando más en dichos de testigos protegidos, delincuentes que son capaces de afirmar cualquier verdad si de ello deriva su liberación, es amplísima.
Cito en este momento cuatro ejemplos de naturaleza diferente pero todos alejados de la legalidad y causantes de inmenso dolor evitable pero no evitado.
Me refiero en primer lugar a un caso de por lo menos omisión. En mayo de 2007 desaparecieron en Oaxaca Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Ledesma, miembros del Ejército Popular Revolucionario.
Si dejamos de lado la presunción de que padecieron desaparición forzada y consideramos el caso como de simple privación ilegal de la libertad, el expediente abierto en la PGR no se movió nunca, no registra diligencia alguna, como si la suerte de los desaparecidos no importara, o porque sabiendo cuál es su paradero al Estado no conviene que se averigüe.
Menciono enseguida a la prisión injusta sufrida por Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, detenidas y sentenciadas por el secuestro de seis fornidos agentes federales de investigación.
Cuando quedó clara la trampa ministerial, la Procuraduría no impugnó la puesta en libertad de la primera de ellas, hace dos meses. Pero sus compañeras siguen presas.
Igualmente arbitraria fue la detención de Juan Manuel Martínez Moreno, en Oaxaca.
Dos años después del suceso, se le detuvo por el asesinato de Brad Will, el periodista norteamericano caído durante una movilización de la APPO.
Incapaz de armar una acusación sólida, la PGR ha insistido en mantener preso a Martínez Moreno, que hace mucho debió ser liberado y que fue beneficiado apenas anteayer por la decisión de un tribunal federal, que desechó una queja de la PGR, por lo que debería estar pronto libre, salvo que el ministerio público federal se empecine como lo ha hecho hasta ahora en perseguirlo sin causa.
Con la síntesis hecha por Horacio García, un reputado profesor universitario presento una vez más el caso del ex alcalde la Huacana, Mario Romero, "a quien al estilo fascista detuvo un piquete de la PGR saliendo de una reunión en la facultad de Biología de la Universidad Nicolaita de la que fue director, el 8 de mayo, encerrado en la cárcel de Nayarit y, por si fuera poco, incomunicado sin permitir ni siquiera visita de los familiares durante los 50 días siguientes".