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Los que no están. Desapariciones en Jalisco
Jueves 25 de abril de 2013, por
Eduardo Reyes Lara.- Fundado en una sólida experiencia de formación profesional y ciudadana para la defensa y promoción de derechos humanos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) dio a conocer la semana pasada su informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012. Un documento que constituye una radiografía nítida que refleja las heridas con las que construimos nuestra sociedad.
Agrupando 12 capítulos, el informe 2012 del Cepad nos documenta el nivel del despojo que padecen muchas regiones del estado, la zozobra y el permanente hostigamiento en el que los periodistas jaliscienses desarrollan su labor social de informarnos, las vulnerabilidad de los niños y niñas de la entidad, el estado que guarda la abominable práctica de trata de seres humanos, el impacto de la nueva ley laboral en la industria electrónica y manufacturera de Jalisco, la operación política mediante la cual los priístas retomaron el poder, la crónica de la bienvenida que dio el gobierno de Peña Nieto el 1 de diciembre a los jóvenes de Jalisco, la impunidad que prevalece en casos de feminicidio, el horror de la cantidad de personas desaparecidas en nuestro estado y la ausencia y complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ante estas injusticias.
Leído el informe de forma integral, subyace un elemento esencial como denominador común del estado que guarda la vigencia, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos en Jalisco: la impunidad.
Sobresale, desde mi punto de vista, la cantidad de desapariciones de personas en el estado. Haciendo una síntesis de este capítulo, ¿quiénes son los desaparecidos en Jalisco durante el sexenio de Calderón? Encontramos que durante este periodo, 2,175 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 1,190 son mujeres (55%) y 985 (45%) son varones. El 49% de las desapariciones se concentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde vive más del 55% de la población total del estado. En los municipios de la ZMG la distribución fue la siguiente: Guadalajara con 410 casos, Zapopan 209, Tlajomulco de Zúñiga 205, Tlaquepaque 90, El Salto 78 y Tonalá 70, dando un total de 1,062 personas. Las ciudades medias del estado tuvieron las siguientes denuncias: Puerto Vallarta 233 (110 mujeres y 123 varones), Zapotlán El Grande 74 (35 mujeres y 39 hombres), Lagos de Moreno 59 (37 mujeres y 22 hombres), Tepatitlán 42 (18 mujeres y 24 hombres), Zapotlanejo 32 (19 mujeres y 13 hombres), Chapala 18 (9 mujeres y 9 hombres) y Jocotepec 9 (6 mujeres y 3 hombres). En cuanto a las ocupaciones de los desaparecidos, más de la tercera parte, 770 (35%) eran estudiantes al momento de su desaparición. Después se encuentran los empleados, que fueron 338 (cerca del 16% de los casos), entre los que había meseros, taxistas, herreros, pintores, etc. En 244 casos, las desapariciones corresponden a personas dedicadas al hogar (11%). Los desempleados eran 219 (10%) y los comerciantes el 6% (134 casos registrados). Los albañiles y obreros fueron 101(casi 5%), los campesinos y jornaleros fueron 43 (2%). Hay 36 profesionistas desaparecidos, 9 personas relacionadas con las fuerzas de seguridad, 7 empresarios y sólo están reportados 3 maestros. Por último, hubo 271 desaparecidos cuya ocupación no fue determinada (12%).
Esta barbarie documentada no es propia de Jalisco, pero nos ubica como la tercera entidad del país que más la sufre. El Cepad, A.C. trata de hacer un análisis del perfil del desaparecido promedio y afirma que: se trata de una estudiante menor de 17 años que vive en la ZMG. En todo caso, este fenómeno es creciente y cada vez menos ajeno a cada uno de nosotros. En los últimos meses las fotos de los que hacen falta ocupan cada vez más espacio en nuestras redes sociales, como los relatos de la inoperancia, ineficacia e inclemencia de las autoridades investigadoras.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha determinado que cuando el Estado no impulsa la investigación de los casos, ni brinda información sobre el destino de una persona desaparecida a los familiares, puede causar angustia extrema que convierte también a estos familiares en víctimas de las violaciones. Los familiares sienten una obligación imperiosa de postergar todos los demás aspectos de su vida hasta descubrir qué sucedió a sus seres queridos. Responde a la necesidad y esperanza de encontrar con vida a la persona hasta el sentimiento de culpa ante la posibilidad de retomar su vida mientras aún desconocen dónde están sus seres queridos. En muchos casos, asumen ellos mismos la investigación e intentan presionar a las autoridades para que hagan su trabajo.
Como parte del contexto sobre esta brutalidad, hay que recordar que a inicios del mes, el Senado de la República exhortó a todos los gobernadores de los estados a que le informen sobre los casos de desapariciones forzadas en cada entidad y solicitó a los congresos estatales que tipifiquen dicho delito. En el caso de Jalisco, el pasado 21 de marzo, el diputado Clemente Castañeda, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, propuso modificar el Código Penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales para detallar en estas normativas las penalidades y lineamientos de investigación para el delito de desaparición forzada de personas, como lo indican las directrices del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.
Ojalá y la mezquindad que caracteriza a los diputados del PRI y del PAN no impida que se avance de forma rápida en la tipificación de este crimen.
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