Especialistas afirman que México cuida su imagen, pero no tiene un interés mayor de cumplir en derechos humanos

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Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– La importancia de la respuesta del gobierno priista de Enrique Peña Nieto a la evaluación sobre derechos humanos en México que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Examen Periódico Universal (EPU), radica en que servirá como medidor del compromiso que su administración tenga con ese tema, consideran especialistas.

Luego de que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, enviara un mensaje vía Twitter en el que reiteró el compromiso del gobierno federal de “avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, especialistas y activistas cuestionaron que México haya aceptado sólo 166 recomendaciones de las 176 que se le habían hecho. También pusieron en duda que en verdad exista un avance e incluso que la declaración del gobierno no fuera sólo una simulación.

“El Estado mexicano aún no reconoce la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país”, consideró la Secretaría Ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), Agnieszka Raczynska. “Desde la sesión de octubre [del Examen Periódico Universal] no hemos visto una declaración contundente del Estado mexicano de aceptación y de reconocimiento del contexto y grave situación que vivimos día a día en derechos humanos.

Nuevamente México se limita a destacar algunas acciones que consideran avances en la materia, pero sí hace falta un reconocimiento de la grave crisis y contexto de violencia e inseguridad y retrocesos en áreas importantes.

No hemos visto este reconocimiento y evaluación más de fondo y de manera seria por parte del Estado”, planteó. Aunque el gobierno peñanietista aceptó la mayoría de las recomendaciones del EPU, para el experto en la materia, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la aceptación de la mayoría de los señalamientos significa que “México ha tratado de tener una buena imagen que lo pone en la cima”, pero que no está reflejada en la emisión de políticas públicas ni mucho menos en su aplicación.

Para Raczynska no basta con aceptar las recomendaciones, ya que falta saber cómo se implementarán. “México está aceptando muchas recomendaciones y dando mucha información de cómo se ha avanzado en algunas áreas, pero esta información no es completa.

Por ejemplo, habla de la implementación de la Ley de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y sabemos que se está implementando, que está en proceso, pero a lo largo del camino encuentra muchos obstáculos para la efectiva protección de defensoras y periodistas”, expresó. Y agregó: “Entonces el adéndum que presenta México ante el Consejo de la ONU es sesgado, incompleto y no hace reconocimiento de los retos, de la grave situación que tenemos hoy en día en México, justifica y da información resaltando las cuestiones positivas o avances, sin presentar datos de todos los obstáculos”. Como en otros aspectos nacionales, en materia de derechos humanos hay un discurso que no corresponde con la realidad.

“El discurso vuelve a ser triunfalista, que está tratando de transmitir un mensaje de todas las cuestiones positivas que México promueve a nivel internacional, pero que carece de autocrítica y reconocimiento de situación en derechos humanos”. Falta reconocer la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país, concluyó.

Un día antes de que México presentara el Examen de Derechos Humanos ante la ONU, en octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió tres iniciativas en la materia al Senado de la República.

Entre las propuestas están la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, que otorga facultades al Ejecutivo para suspender el ejercicio de derechos y garantías, así como la modificación al artículo 215 del Código Penal Federal para agilizar dicho procedimiento. Ambos lineamientos implican causales como la amenaza a la seguridad nacional, la seguridad interior, las epidemias y los desastres naturales.

El riesgo, para los observatorios de derechos humanos, es que servidores públicos como policías y militares incurran en un comportamiento abusivo en el escenario de suspensión de garantías. Ello es latente porque México carece de protocolos de abuso de autoridad. Los otros artículos que el Ejecutivo propone que sean reformados del mismo Código, son los 215º, 215b y 215c. En ellos se anula la prescripción del delito de desaparición forzada y el derecho de la apelación, la amnistía o el indulto a quien lo cometa. Se encuentra en el Senado también la propuesta de modificación a la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Carta Magna, el cual facilita al Ejecutivo a expulsar a ciudadanos extranjeros.

ARRAIGO Y DESAPARICIÓN FORZADA

La activista que forma parte de la red de organizaciones de derechos humanos que el año pasado ganó el Premio Rey de España lamentó que si bien México aceptó 166 de 176 recomendaciones, haya dejado afuera dos importantes, la que pedía la eliminación del arraigo y la que proponía que México aceptara la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre el arraigo, dijo Racynzka, es una recomendación que se remonta a 2009. “Me parece que ha sido muy lamentable el hecho de que el Estado mexicano no la haya aceptado, no solo que no acepte la eliminación de arraigo sino que ni siquiera hace una declaración en el sentido de revisar esta medida, al contrario la justifica y la descarta. Eso ha sido de suma preocupación para organizaciones de la sociedad civil, no sólo por lo que significa sino por todas las violaciones a derechos humanos documentadas a partir de que la medida ha sido aplicada y no vemos una apertura del Estado mexicano para la revisión de la utilización de esta medida”, dijo.

El rechazo de México a revisar la Ley de Arraigo es más cuestionable por la instrumentación del sistema penal acusatorio cuya forma jurídica estelar es el juicio oral, consideró Édgar Cortez, experto en la materia en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). “El Sistema Penal Acusatorio está construido con el privilegio de un seguimiento irrestricto al debido proceso y las garantías de los derechos humanos.

El arraigo se ubica en un polo opuesto. El detenido queda en manos del Ministerio Público que ostenta muchas facultades que lo vuelven poderoso”, explicó el especialista. México rechazó analizar el arraigo desde 2009 cuando por primera vez se sometió al EPU, mecanismo de la ONU a través del cual los Estados miembros se evalúan entre sí.

Sobre la negativa del Estado mexicano a revisar la figura del arraigo, Cortez expuso que en el sistema de justicia persiste el mito de que un Ministerio Público con exceso de facultades, con muchas herramientas, va a ser más eficiente frente a un panorama en el que predomina la violencia. Pero además puso hincapié en que en otros países como España, donde el terrorismo ha sido histórico, esa figura no existe. Por su parte, la legisladora priista Diva Hadamira Gastelum consideró que si México no aceptó en este momento una recomendación de este tipo, es porque está avanzando en la eliminación de esta herramienta para ponerle fin definitivo, mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“México está en un proceso serio, usted sabe que hoy tenemos un código de procedimientos penales único en el papis, a diferencia de todos los métodos que se aplicaban. La esperanza es que con este nuevo modelo se pueda desterrar una práctica tan ofensiva, que yo estoy segura que con un procedimiento penal federal, en un modelo único, estas prácticas se van a desterrar”, destacó.

En cuanto al Comité de Desaparición Forzada, la Secretaría Ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos dijo que, con ello, México no acepta que dicho órgano de la ONU conozca de casos individuales de desapariciones y con ello limita la posibilidad de justicia para familiares de desaparecidos. “Nos parece que al argumentar esta recomendación, en la que México dice que toma nota y que va a evaluar la posibilidad de aceptar la competencia pero no acepta la recomendación, nuevamente se limita la oportunidad de víctimas de desaparición de acceder a la justicia y búsqueda de la verdad.

El tema de la desaparición es un tema que aparece en esta revisión que se le hace a México, con varias recomendaciones, algunas que tienen la intención de crear un Registro Nacional Único de Personas no Localizadas, en la revisión de los marcos jurídicos y ésta en particular le daba la oportunidad a familiares de víctimas de presentar casos ante un comité de expertos y expertas que podían permitir avanzar en investigaciones y hacer recomendaciones al Estado mexicano en casos concretos.

Al no aceptar la recomendación México está nuevamente imposibilitando el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación a víctimas de desaparición”.


VOLUNTAD DEL ESTADO

México dio respuesta ayer al Consejo de Derechos Humanos sobre las recomendaciones que se le hicieron durante el Examen Periódico Universal y legisladoras aplaudieron la voluntad del Estado para atenderlas. Gran parte de las observaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas al Estado mexicano, tienen que ver con feminicidios, violencia de género, discriminación, arraigo, trata, salud sexual y reproductiva y atención a grupos vulnerables.

“Atender estas recomendaciones implica que hay voluntad del Estado mexicano para dar seguimiento a estos temas, sobre todo los que lastiman, los que laceran la dignidad de la persona, de las niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores, principalmente”, afirmó la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional.

Por su parte, la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en entrevista para SinEmbargo, destacó la disposición del Estado mexicano para atender las observaciones realizadas por diversos organismos internacionales. “[México] dio una amplia aceptación a estas recomendaciones del Examen Periódico en materia de Derechos Humanos. Creo que es una nueva práctica que México pone al descubierto, el no resistirse, no evadir una responsabilidad de estas dimensiones.

Por el contrario, aceptarlas”, indicó la integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. A la pregunta de si estas recomendaciones tienen que ver con pendientes que dejaron los gobiernos de los ex presidentes panistas Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, la Senadora Diva Gastelum aseguró que no es momento de repartir culpas, sino de avanzar en solucionar las observaciones.

“Voy a hacer mías las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, él dice que no hay que ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante y ver hacia adelante no es un repaso de culpas, en dónde y en qué año se cometieron, si fue en el periodo en el periodo que recién salió o fue en este periodo. Lo importante aquí es que podamos resolver estas violaciones, sin hacer una evaluación de a quién le correspondió y al final del día no lo hizo”, expuso.

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