Desaparición forzada, emergencia nacional

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Julio Pimentel Ramírez
Viernes 30 de Mayo de 2014

Morelia, Michoacán.- Así como en materia de economía el gobierno de Enrique Peña Nieto proyecta cifras que la realidad desmiente, en lo que toca a violencia y en particular al tema de los desaparecidos lleva a cabo similar manoseo de cifras, lo que en esta situación delicada, que tiene que ver con el sufrimiento de miles de familias, se convierte en una revictimización de quienes sufren la ausencia de un ser querido.

El problema de la desaparición forzada se arrastra desde hace más de 40 años y ahora la situación se ha agravado, pues a la sombra de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, a las decenas de miles de ejecutados se suman alrededor de 26 mil desaparecidos -para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos la cantidad de personas víctimas de ese delito de lesa humanidad es mucho mayor-, casos que no se investigan ya que las autoridades simplemente aducen que se trata de “levantones” del crimen organizado.

Desde hace más de tres décadas la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), lleva a cabo en la última semana del mes de mayo jornadas de lucha en las que se demanda la presentación de las más de 100 mil personas que en nuestra América Latina han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al tiempo que se exige verdad y justicia, así como castigo a los responsables intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen nuestros pueblos.

En México, en esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos perseveran en la exigencia de verdad y justicia para las más de mil 300 víctimas de ese aberrante delito de lesa humanidad durante la mal llamada “guerra sucia”, en realidad terrorismo de Estado, a lo que se suma el enorme número de personas que en los últimos años han sido víctimas de desaparición forzada.

No olvidemos las lecciones de la historia, pues su ignorancia facilita que se mantengan y se reproduzcan prácticas que someten a nuestros pueblos y sociedades. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, con dignidad menoscabada y soberanía erosionada, condenado a repetir los errores del pasado. Recuérdese que después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la “guerra fría” entre el capitalismo y el campo socialista, Estados Unidos instrumentó como parte de su doctrina de seguridad nacional estrategias que le aseguraran a cualquier costo el control de territorios que consideraba parte natural de su imperio.

Desde hace cuatro décadas, los familiares de las personas desaparecidas han llamado la atención de la comunidad internacional sobre la dimensión de este atroz delito. En gran parte por sus esfuerzos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Algunos estados han ratificado el documento, México incluido, ahora falta que se traduzcan a la práctica sus preceptos.

En México, al lado de este importante convenio internacional, se tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada, en agosto de 1974, del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco. Es obligación de los tres Poderes de la Unión acatar lo mandatado por ese órgano jurisdiccional, entre otras cosas determinar el paradero de don Rosendo, establecer las responsabilidades de los autores de este delito de lesa humanidad, reparar integralmente el daño a los familiares, dejar claro que los militares que violen derechos humanos de civiles sean juzgados por el fuero civil y no el militar, legislar en materia de desaparición forzada.

Es un compromiso para familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos que los acompañan, insistir en que la verdad histórica, en la que se han logrado avances significativos, se convierta en verdad jurídica y se conozca el destino de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, se reivindique su memoria como luchadores sociales; se castigue a los culpables de delitos de lesa humanidad, empezando por los de mayor jerarquía; se resarza integralmente el daño causado a los familiares, a la comunidad y a la sociedad; se legisle en materia de derechos humanos de acuerdo a lo más avanzado del derechos internacional y se establezcan políticas públicas que generen condiciones que eviten la repetición de hechos de esa naturaleza.

El delito de desaparición forzada es considerado en la doctrina internacional como de lesa humanidad, porque se perpetra con todas las ventajas que da el poder y no se limita a combatir la insurgencia o a cumplir otros objetivos -“guerra” contra algunos carteles del narcotráfico, “limpieza social”, etcétera-, sino que se propone aterrorizar a la población entera de una región o de una nación.

La desaparición forzada es vigente, permanece en la impunidad y en la sombra: en los últimos años han sido detenidos desaparecidos luchadores sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez; Lauro Juárez, indígena chatino; los militantes del EPR, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, así como el integrante de la Fundación Diego Lucero, Francisco Paredes.

Reiteramos, no es ocioso insistir que la desaparición forzada no es un delito del pasado, pues por su carácter de delito de lesa humanidad no prescribe en tanto no se establezca el paradero de los detenidos desaparecidos hace ya varias décadas, como por el hecho de que en el gobierno ilegitimo de Felipe Calderón creció exponencialmente bajo la sombra de la “guerra” contra el crimen organizado, situación de emergencia social que se mantiene bajo la administración del priista Enrique Peña Nieto.

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