Castiga DF con 40 años la desaparición forzada

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7 de Mayo

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, promulgó la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal, por lo que por primera vez aquellos servidores públicos de la ciudad que colaboren o sean responsables de este delito tendrán sanciones de hasta 40 años de prisión y multas de más de 7 millones de pesos.

Ante esta promulgación el mandatario capitalino se comprometió a que su administración realice un registro de las personas desaparecidas en la capital.

“Vamos a trabajar de manera reglamentaria para la construcción efectiva de este registro y que pueda servir para una mejor comunicación con la PGR, para que tengamos también, junto con la base de datos de todos los estados, una cifra confiable”, indicó.

En el acto participó Santiago Corcuera, integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mencionó que esta nueva legislación llena vacíos legales que existían en el Distrito Federal.

Señaló que con la promulgación se cumple con obligaciones internacionales, pues en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas se establece la obligación de investigar, procesar y sancionar a los particulares que realicen estas conductas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, aseveró que esta ley cubre por lo menos 15 aspectos, como: los derechos a la Verdad, a la Reparación del Daño, de las Víctimas y Testigos, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco de Cadáveres no Identificados, la declaración de ausencia por desaparición y mecanismos de prevención, mecanismos de coordinación con entidades locales, federales y nacionales.

Esta ley, que fue publicada ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que ya entró en vigor, prevé que a aquellos servidores que priven de la libertad a una o más personas, u ordenen, autoricen, apoyen, consientan o toleren que otros lo hagan, se les impondrá una pena de 20 a 40 años de prisión.

Además, serán destituidos e inhabilitados de manera definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública del GDF.

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