No aceptaremos ley sobre desaparición forzada enviada por EPN; desde el título no reconoce su responsabilidad: OSC

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Por: Edgar Rosas / 25 agosto, 2015

(25 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En un contexto donde la desaparición forzada es uno de los grandes problemas que vive el país, contar con una legislación eficaz que permita echar mano de elementos jurídicos óptimos para afrontar ese fenómeno, se vuelve fundamental. Como se recordará desde el inició de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, esta problemática ha alcanzado niveles importantes, sin embargo la práctica de la desaparición forzada ha estado presente en México desde los años 60 y 70 con la denominada “guerra sucia”.

Atendiendo esta necesidad, y de cara a la discusión y posterior aprobación de una ley de desaparición forzada federal, diversas organizaciones sociales que integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron este lunes una iniciativa al respecto, la cual, según detallaron, será entregada el próximo 3 de septiembre en el Senado de la República.

La propuesta denominada Ley General para prevenir, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares, es una iniciativa elaborada desde la sociedad civil, que, en palabras de sus impulsores, además de contar con marcos internacionales, recoge la voz y experiencia de los familiares de desaparecidos, cuestión que la hace distinta.

En conferencia, Nadin Reyes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, manifestó que debido a la falta de un marco jurídico adecuado que investigue, sancione y repare el delito de desaparición forzada, diversas organizaciones se dieron a la tarea de emprender un análisis sobre el fenómeno. Demandó que en los últimos años, a pesar de existir diversas iniciativas, el Congreso de la Unión nunca las discutió y sólo “quedaron en el baúl del olvido”.

Añadió que fue hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a la presión internacional y nacional que se generó con este hecho, que las autoridades se dieron a la tarea de reformar el artículo 73 y poder abrir paso para legislar en materia de desaparición forzada. Agregó que a pesar de este nuevo panorama, las iniciativas de ley presentadas hasta el momento- del PRI, PAN y PRD- no cumplen con lo mínimo para poder afrontar de manera eficaz el problema.

“Luego de muchos años de exigencia de miles de familias que han demandado una Ley en la materia, hoy se avizoran diversas propuestas para crear una Ley General contra la Desaparición Forzada, sin embargo, la mayoría de ellas no recogen el sentir de las familias y, mucho menos las recomendaciones que diversos organismos internacionales han realizado al Estado Mexicano para tipificar y sancionar adecuadamente este delito.

“Por esta razón, como integrantes de la Campaña elaboramos una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la desaparición forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por particulares, la cual surge de todo este proceso de revisión y análisis de diversas propuestas, de observaciones de familiares, de diversos encuentros, foros de análisis y discusión con expertos en el tema; así como de las recomendaciones de organismos internacionales como las hechas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, y del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada”, indicó.

Subrayó que el hecho de presentar una propuesta de ley obedece también a la necesidad de “hacer valer nuestro derecho como familiares y organizaciones a participar y ser tomadas en cuenta en un proceso tan importante”, además de representar una respuesta de la ciudadanía ante la inacción del gobierno frente a un fenómeno que crece.

Por su parte, Zita Loyo, del Comité “Hasta Encontrarlos”, subrayó que la iniciativa presentada cuenta con la revisión de expertos en la materia, además, como ya se dijo, de la participación de familiares y organizaciones que han dado seguimiento a la problemática. Dijo que a pesar que esta propuesta ya tiene una estructura, no se descartan nuevos aportes que puedan mejorarla, por lo que invitó a organizaciones y familiares de desaparecidos acercarse a la propuesta y sugerir nuevos elementos.

Asimismo habló sobre algunos elementos a destacar de la iniciativa. Dijo que “un capítulo específico establece la tipificación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares de acuerdo a los estándares internacionales, así como las sanciones y penas de acuerdo a la gravedad de estos delitos. Haciendo diferencias en las penas punitivas en cada uno de ellos.

“Contiene un apartado en donde establecen los criterios para la búsqueda, investigación y la Creación de un Registro Nacional de Personas Victimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares, en el cual se plantea la creación de protocolos específicos para la búsqueda inmediata y permanente, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades federativas para realizar la búsqueda e investigación de los casos”.

De igual forma manifestó que la ley contempla la creación de un banco de información genética así como un registro de restos humanos.

“Por medio de esta iniciativa de Ley General se creará el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, organismo autónomo y especializado en diferentes áreas de investigación forense. Así como la creación del Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Ante-mortem / Post-mortem, el Registro Nacional de restos mortuorios no identificados (NN) y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes, con la finalidad de facilitar y agilizar la identificación de todas aquellas personas que han sido localizadas sin vida bajo un proceso confiable y seguro que garantice a las familias certeza.

Contiene un apartado sobre la declaración de Ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, teniendo por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas”, apuntó.

Loyo explicó que como eje importante también se consideran medidas para prevenir el delito de desaparición forzada con mecanismos como el Registro Oficial de Detenciones hechas por policías municipales, estatales o federales, así como por las Fuerzas Armadas, además de iniciar un proceso de capacitación y sensibilización a agentes del Estado y Servidores Públicos.

Por otro lado subrayó que las organizaciones civiles no aceptarán ninguna iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, puesto que, manifestó, desde el nombre de dicha legislación el gobierno trata de evitar su responsabilidad en el fenómeno, al mencionarla como una ley para personas “no localizadas”.

“Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada queremos señalar que no aceptaremos ninguna iniciativa propuesta por el Ejecutivo que quiera ser enviada como preferente como lo hemos manifestado en diversas ocasiones, en tanto (que) desde el nombre de la Ley Preferente del Ejecutivo se evita reconocer la gravedad del problema; además de que, hasta el momento, no se ha dado a conocer el contenido exacto de dicha Ley General. Por lo cual hace pensar que es una ley hecha ex profeso, a modo y que no contribuirá a la investigación, y mucho menos a la erradicación de este grave crimen”, dijo.

De igual forma hizo referencia a la consulta vía internet que la Secretaría de Gobernación emprendió hace unos días, con la cual pretenden elaborar su propuesta. Manifestó que esta medida es una simulación que lo único que trata es justifica la aprobación de la legislación.

“Como lo mencionamos en el boletín emitido como Campaña el 27 de julio del 2015, el anuncio de la consulta electrónica y los foros anunciados por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación parecen más una simulación para avalar una ley ya previamente redactada, utilizando estos “eventos” para justificar la iniciativa de Ley Preferente que posiblemente va a presentar el Ejecutivo el próximo 1º de septiembre ante la Cámara de Diputados.

Como Campaña Nacional seguiremos impulsando esta iniciativa y todas las actividades necesarias para denunciar y evidenciar las graves violaciones a derechos humanos, las cuales el Estado no ha querido reconocer y ha tratado de minimizar. Por medio de la documentación que realizamos año con año podemos demostrar el incremento de las desapariciones forzadas cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos; siendo éste sexenio en el cual se han incrementado alarmantemente, por lo que continuaremos denunciando y visibilizando ésta grave situación ejerciendo nuestro derecho a la verdad, la memoria y la justicia”, puntualizó.

Para Gabriela Citrioni, especialista internacional en materia de desaparición forzada, esta ley presentada por diversas organizaciones es muy completa pues contempla una perspectiva integral del fenómeno, y no se limita sólo a su tipificación.

“No basta con sancionar la desaparición forzada, más bien hay que prevenir, hay que tocar todo el tema de la reparación y el tema muy importante de la búsqueda. Una ley general, cumple con todos estos aspectos, están íntimamente relacionados, y enfocarse sólo en uno le resta importancia o efectividad en la lucha contra el fenómeno.

La importancia de este proyecto se basa en que es un ejercicio inclusivo y que viene de los primeros que conocen esa práctica, sus efectos y la importancia de proporcionar una respuesta eficaz: los familiares. Es un proyecto muy completo. A nivel internacional es uno de los más completos que haya visto. Cumple con estándares internacionales que se han venido asentando”, indicó.

En este sentido, Alan García, coordinador de la Unidad Jurídica y Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, refirió que esta iniciativa presentada debe ser vista como un referente para el próximo periodo de discusión que servirá como preámbulo a la aprobación de la ley general en materia de desaparición. Dijo que el gran aporte de la ley es que se realizó desde los familiares de víctimas de desaparición.

“En democracia la participación es determinante, pero cuando hablamos de un tema de derechos humanos ésta importancia es mayúscula. Cualquier legislación en materia de derechos humanos debe ser elaborada con la plena participación, inclusión de las familias de las personas desaparecidas; la ley debe ser confecciona por las víctimas, desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

Desde la perspectiva de la ONU los procesos legislativos más exitosos son los que se acompañan de las víctimas. Creemos en un proceso de elaboración de la ley que preste atención a las demandas y construcciones que se están generando desde las víctimas, desde las organizaciones. (Además) adopta una perspectiva de derechos, no se queda a una de las dimensiones del fenómeno, sino que adopta un enfoque integral. Es una legislación de contenido integral”, mencionó.

Por su parte, Héctor Cerezo del Comité Cerezo México, enfatizó la relevancia que tiene que esta ley sea realizada con la inclusión de los familiares y organizaciones que han seguido el tema. Recordó que las tres propuestas presentadas hasta ahora no cumplen con las necesidades por lo que fue necesario presentar esta iniciativa.

“Hay tres iniciativas en el Senado, la del PRI, PAN y PRD. Hemos leído las tres y la elaboración de esta ley es porque ninguna de las tres satisface las necesidades y exigencias de los familiares y de las organizaciones de los derechos humanos.

Lo que implicaría que una ley no tenga participación de organizaciones es lo que está pasando, que las desapariciones forzadas sigan existiendo, que haya una impunidad legalizada y que esta ley sólo sirva para que el gobierno pueda decir ante internacionales que cumplió con las exigencias”, detalló.

Entrevistado por Revolución TRESPUNTOCERO, reiteró que hoy en día el gobierno mexicano no puede tratar de evadir su responsabilidad en el tema, como lo ha tratado de hacer. Dijo que la presión ejercida por organismos internacionales a partir de la desaparición de los 43 normalistas, así como la presión de la sociedad, obligan a buscar una solución de fondo.

“Hay dos aspectos que están obligando al Estado mexicano a reconocer la desaparición forzada y a legislar sobre la materia. Uno es que los 43 normalistas despertó una gran indignación en la sociedad mexicana y ésta está pidiendo se resuelva el problema de fondo; y dos, que el cúmulo de desapariciones desde Calderón y de Enrique Peña Nieto ha hecho que exista una presión internacional para que el Estado mexicano tome cartas en el asunto”.

Añadió que la preocupación principal se centra en que el gobierno está simulando en cuanto a la construcción de su propuesta de ley, pues, dijo, la consulta electrónica que emprendió no va a encaminada a la desaparición forzada.

“La gran preocupación que tenemos desde la sociedad civil es que no hay una real consulta con familia y organizaciones, y que la misma ley desde el título y el contenido de las preguntas va enfocada más a personas no localizadas que ha desaparición forzada, por eso decimos que es una simulación lo que está haciendo el gobierno, porque esta aparentando hacer algo en el tema cuando en la práctica sigue. Si hubiera un cambio en la política el primer paso es que deberían de dejar de desaparecer personas, y lo que tememos es que aun con ley haya desapariciones”, indicó.

Manifestó que desde la década de los 70 la impunidad ha sido una constante en el tema de desapariciones forzadas, cuestión que sirve de aliciente para que el fenómeno se mantenga.

“El Estado mexicano trae una deuda desde los 70 porque no ha habido justicia en las desaparecidos de la llamada guerra sucia y al no haber justicia el mensaje que se da a los perpetradores es que hay impunidad, que pueden seguir haciendo, cometiendo esta grave violación y que no va a haber castigo. De eso venimos arrastrando y ahora que se incrementan las desapariciones con Calderón tenemos ese mismo fenómeno, que mientras no exista justicia los perpetradores seguirán. Esperemos que la ley que quede verdaderamente se cumpla, que no quede sólo en el papel, que en la práctica refleje justicia para las víctimas.

“Lo más importante de la iniciativa de ley que presentamos es que recoge la voz de las víctimas, las familias. Es una propuesta elaborada desde las víctimas y desde las organizaciones”, apuntó.

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