A 8 años, desapariciones de Gabriel y Edmundo siguen impunes; “Ejército es intocable, a pesar de estar involucrado”

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Por: Edgar Rosas / 16 febrero, 2016

(16 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A más de ochos años y ocho meses de la desaparición forzada de los luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, creada en torno al caso, así como familiares de las víctimas, denunciaron la falta de voluntad por parte de las autoridades para hacer justicia ante este crimen.

En ese sentido acusaron a los funcionarios responsables de llevar la investigación, de encubrir y proteger a los perpetradores del delito, es decir a militares, policías federales y estatales del estado de Oaxaca.

En conferencia, los familiares de Edmundo y Gabriel recordaron que hace más de un año una resolución del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrir los cuarteles para permitir la búsqueda de los luchadores sociales dentro de las instalaciones castrenses. Sin embargo, condenaron que ésta no ha sido acatada y que el Ejército mantiene la cerrazón.

Esta resolución también ordena al Ministerio Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República (PGR), al Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca, entre otras instituciones, emprender la búsqueda de los desaparecidos en los cuarteles militares, así como llamar a declarar a mandos castrenses y civiles que estuvieron en funciones en mayo de 2007, mes y año en que fueron desaparecidos los luchadores sociales.

Cabe señalar que Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). El 25 de mayo de 2007 fueron desaparecidos por elementos castrenses.

Con esta actitud omisa de las autoridades, señalaron los familiares, “ha quedado demostrado que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad”.

“Se han conjuntado esfuerzos de diversas personalidades, abogados, académicos y familiares para encontrar a estos dos luchadores sociales y sentar precedentes para miles de casos más, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido nula”, denunció Nadin Reyes, integrante del Comité “Hasta Encontrarlos” e hija de Edmundo Reyes.

Los demandantes expusieron algunos actos que consideraron revelan la poca voluntad del gobierno para resolver el caso. Entre ellos, destacaron, el 29 de abril pasado la PGR aseguró que tenía indicios que apuntaban que Emanuel y Alberto estaban muertos, aunque no existían líneas claras de investigación dentro de la averiguación previa.

Aunado a lo anterior, explicaron, “el 13 de febrero de 2009, gracias a la presión ejercida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 07/2009 dirigida a los tres niveles de gobierno, en la que se evidencia que el caso se trata efectivamente de una desaparición forzada. Sin embrago hasta la fecha el Estado no ha cumplido esta recomendación”.

Asimismo, señalaron que en mayo de 2012, las autoridades “intentaron imponer” la hipótesis de que uno de los dos luchadores desaparecidos estaba muerto. Detallaron que las autoridades aseguraron en el momento que había 80% de probabilidad de lo antes expuesto. No obstante, denunciaron que con el afán de cerrar el caso, se intentó entregar a las familias un cadáver que no correspondía a ninguno de los eperristas desaparecidos.

“Las autoridades aseguraron que había más del 80 % de probabilidades de que se encontraría un cuerpo que correspondería a uno de los luchadores desaparecidos, que se encontraba enterrado en un panteón de Puerto Escondido, Oaxaca, hecho por el cual se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR. La participación del EAAF permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos; de no ser por el EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso”, señalaron.

Al respecto, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Alberto Cruz Sánchez, señaló que a lo largo de estos ocho años de búsqueda de justicia las autoridades sólo han intentado deslindarse de su responsabilidad. Aseguró que la impunidad y la colusión entre autoridades ha quedado evidenciada al no investigar al Ejército como principal responsable del crimen.

“Una y otra vez el Estado, con argumentos falsos, ha buscado la manera de deslindarse de su responsabilidad y de no garantizar el acceso a la verdad y la justicia, así como imponer como única verdad la supuesta muerte de ambos desaparecidos, hipótesis que siempre tratan de imponer en todos los casos de desaparición forzada.

“La sistematicidad de esta práctica, así como de la impunidad ha quedado demostrada nuevamente con el incumplimiento de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 19 de junio del 2014”, denunció.

“La Sedena es una institución intocable”

El caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez ha sido retomado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, presidida por el padre Alejandro Solalinde. Esta Comisión se ha puesto como objetivo esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados en aquella entidad gobernada por Gabino Cué, en especial los agravios cometidos contra el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007.

En este sentido, Alejandro Solalinde habló sobre la impunidad que ha imperado en el caso de la desaparición forzada de estos dos eperristas. Aseguró que la línea de protección al Ejército es muy clara, por lo que dijo “ya no es posible que sigan existiendo instituciones intocables”.

“Este es un caso donde se puede analizar, observar elementos constantes que se dan en otros casos, por ejemplo, que sí fue planeado y que fue ejecutado por el tipo de actividades que realizaban estos luchadores sociales. Fue una planeación interinstitucional, pero además con la complicidad de varias instituciones y con la intención de ofuscar la verdad.

“Hay una intención para minimizar, cerrar lo más pronto posible el caso, dejándolo en la impunidad. Hay una protección que se ve clara hacia la línea de investigación del Ejército. Hay una protección y eso es una práctica generalizada. No podemos aceptar que en México haya instituciones intocables (…) no hay campos intocables, la Sedena no tiene por qué gozar de esos privilegios”, señaló.

Solalinde añadió que la insistencia el gobierno por defender a las fuerzas armadas sólo alienta la impunidad. Dijo que este patrón se repite en los casos de desaparición en los que elementos castrenses se ven involucrados.

“Esta situación es un abono a la impunidad; de entrada esto agrava aún más la situación de las desapariciones forzadas.”

Por su parte, Sandino Rivero, representante legal de los familiares de Edmundo y Alberto, reiteró que a ocho años hay una negación constante de justicia, verdad y reparación del daño. Recordó que la resolución del Poder Judicial donde ordena abrir cuarteles y llamar a declarar a mandos castrenses es histórica, sin embargo, no ha sido cumplida.

“Ya son casi dos años de que se emitió la resolución judicial en donde un tribunal colegiado del PJF determinó tres puntos muy concretos, ordenando a las autoridades, entre ellas al secretario de la Defensa que se abrieran los cuarteles militares para buscar a Edmundo y a Gabriel; pero no sólo los cuarteles militares de Oaxaca o el Campo militar número 1, en general cualquier cuartel militar. Además que se citara a comparecer a mandos militares y civiles que estaban en funciones en mayo de 2007.

“Esta resolución aunque es determinación del PJF, hasta la fecha no se ha cumplido. Lo que ha hecho la SEIDO, que es quien tiene la investigación, es sólo cumplir a medias la resolución, citando solamente a comparecer a mandos civiles, no ha querido tocar a la Sedena, a la Semar, al Cisen, que son autoridades responsables dentro de este juicio de amparo que estamos litigando”, apuntó.

Sandino Rivero recordó que hace unos meses sostuvieron una reunión con Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En dicho encuentro se pidió que el máximo tribunal del país atrajera lo referente al incumplimiento de la resolución que ordena abrir los cuarteles.

“El ministro propuso a la primera sala que atrajera el asunto. Sin embargo la primera sala de la SCJN meses después, en sesión privada, determinó no atraerlo. No sabemos por qué. Jurídicamente hablando no sabemos por qué esa decisión, aunque políticamente sabemos que la SCJN no quiere ser un actor, donde la sociedad le exige que se comporte a la altura en este tipo de asunto, de desaparición forzada de personas”, explicó.

El abogado dijo que la resolución judicial que ordena abrir los cuarteles es importante, no sólo para el caso de Edmundo y Gabriel, sino para cualquiera en donde fuerzas castrenses estén relacionadas con desaparición, ya que deja precedente. Sin embargo, dijo, la intervención de la SCJN para hacer cumplir el mandato era de suma importancia, para establecer mecanismos que garantizarán su cumplimiento.

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