El espíritu de Pancho Villa en la lucha contra el narco se aferran al informe entregado esta semana a la ONU sobre desapariciones forzadas según el cual, debido a la militarización de la seguridad pública en la “guerra” contra el crimen organizado, “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones”

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El general Pancho Villa pasó a la historia como uno de los héroes de la Revolución mexicana; a medio camino entre la guerra, la guerrilla y el bandolerismo, justificó su comportamiento muchas veces sanguinario en su lucha contra las injusticias sociales. Una de las ramas de su árbol genealógico llega hasta nuestros días en forma del también general Carlos Villa, quien presume de utilizar los métodos de su antepasado (primero dispara y luego pregunta) para erradicar el narcotráfico y el crimen organizado con el beneplácito de las autoridades. Igual que el Centauro del Norte, cuenta con un gran respaldo social, aunque escandaliza a las organizaciones de derechos humanos.

Es un ejemplo de los efectos de la militarización de la lucha contra el narco emprendida por el conservador Felipe Calderón, justificada en la corrupción que atenaza a las fuerzas policiales, por la que más de 60.000 elementos de las fuerzas armadas se han incorporado a labores policiacas. En 25 de los 32 Estados del país hay militares al frente de las Policías Municipales o de agencias estatales de seguridad. En el debate de si todo vale para acabar con la principal lacra del país, pierde la legalidad y gana el hartazgo de una población dispuesta a aceptar la guerra sucia si con ello se extermina el dominio de los cárteles. Con todo el peligro que ello conlleva para una nación en Latinoamérica, de agrias experiencias en este sentido.

Cada vez son más los Estados y municipios mexicanos que recurren a militares, en activo o retirados, para liderar sus Policías y sus sistemas de seguridad pública, coordinados con la Sedena, el Ministerio de Defensa de la República. Muchos de ellos sustituyen a agentes acusados de corrupción por militares o ex militares. Desde el incremento de la presencia castrense en las calles mexicanas han aumentado las quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por casos de asesinatos, torturas, violaciones y detenciones ilegales por parte de miembros del Ejército. Los casos, muy pocas veces aclarados, se resuelven en tribunales militares, no civiles. Es habitual ver las huellas que dejan los interrogatorios en los arrestados, presentados públicamente con hematomas, ojos hinchados o cojeando.

“Al cabrón que venga a comprarme, yo lo mato aquí”

El carismático y polémico general Carlos Bibiano Villa -un militar de la vieja escuela de 61 años, recio, fornido, de pelo cano y bigote poblado que recuerda a su antepasado- estuvo al frente de la Policía Municipal de Torreón (Coahuila) y asumirá en abril la Consejería de Seguridad Pública del turístico estado de Quintana Roo, donde se encuentra la muy turística Cancún. En una entrevista con el diario La Jornada definió su personalidad y sus planes de actuación: si se encuentra frente a un narco (que en España sería presunto hasta demostrarse o no su culpabilidad en un juicio) le disparará sin vacilar; defiende “la cadena perpetua o la silla eléctrica” para los capos de la droga aunque la Constitución mexicana no contempla la pena de muerte, y se asegura incorruptible: “Al cabrón que venga a comprarme, yo lo mato aquí”. En Torreón, los agentes pidieron su destitución con una huelga; 600 fueron despedidos y sustituidos por sólo 60 soldados, pero tres de sus guardaespaldas desaparecieron y la cabeza de uno fue abandonada frente al cuartel de Policía.

Sus declaraciones, que luego matizó, levantaron más que ampollas en las asociaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, atrajeron muchos más adeptos en llamadas a los medios y redes sociales: “Estamos hartos; los criminales no tienen derecho a los derechos humanos” es la opinión generalizada entre los mexicanos, especialmente de los que viven en las denominadas zonas calientes del narcotráfico. Sus principales enemigos también han reaccionado: Las Fuerzas Especiales Zetas dejaron en Cancún un cuerpo mutilado con dos mensajes amenazándolo de muerte y con convertir el conocido como balneario de México en un lugar tan violento como el estado norteño de Tamaulipas. No es la primera vez que recibe amenazas de muerte, por lo que ha asegurado que no le preocupan los narcomensajes y que continuará con su trabajo.

José Luis Vivanco, director para América de Human Rights Watch, ha alertado en un informe de que la incorporación de militares a las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado ha generado “graves abusos como asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas” y advierte de que cada vez que se abusa de un civil, “los soldados contribuyen al clima de violencia y a la ausencia de la ley”. Recuerda que la Iniciativa Mérida, puesta en marcha por México y Estados Unidos en 2007, incluye específicamente el respeto a los derechos humanos, pero “Felipe Calderón ignora el problema de su incumplimiento”; también reprocha al presidente Barack Obama de no exigir nada al respecto.

Vivanco recoge datos de la CNDH mexicana, que de 2007 a 2010 recibió casi 4.000 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares y constatado más de 50 casos. Por ejemplo, en 2007 miembros del Ejército detuvieron arbitrariamente a 36 personas en Michoacán, a las que torturaron -y en algunos casos violaron- para obtener información sobre narcotraficantes que operaban en la zona. La ONU o Amnistía Internacional han pedido a México, sin éxito por el momento, que estos casos sean juzgados por tribunales civiles, no castrenses.

El director para América de Human Rights Watch afirmó, en una entrevista en MVS Radio, que “no se puede luchar como lo hacen los delincuentes” y que comportamientos como el del general Villa son “barbarie pura” y necesitarían ser “sancionados” por las autoridades. Subrayó que la experiencia histórica ha demostrado que “cuando se relajan los principios y los controles se legitima la guerra sucia y eso es grave”. Un aluvión de llamadas y comentarios en las redes sociales se sucedió tras la entrevista para defender al general “héroe” y “valiente”.

Este espaldarazo social a métodos impropios de una democracia ha activado las alarmas entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos del país, que se preguntan a qué estado de desesperación ha llegado la ciudadanía para legitimar estos comportamientos. Se aferran al informe entregado esta semana a la ONU sobre desapariciones forzadas según el cual, debido a la militarización de la seguridad pública en la “guerra” contra el crimen organizado, “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones”. Sus datos revelan que las quejas contra militares ante la CNDH se incrementaron un mil por ciento entre 2006 y 2009, y el 13% se debe a desaparición forzada de personas; el Gobierno federal contabilizó de diciembre de 2006 a finales del año pasado 34.612 ejecuciones en el contexto de esta lucha.

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