México afronta el drama de los desaparecidos entre gritos y reclamos

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Pablo Ferri México 25 JUN 2019

El evento había empezado hacía 23 minutos. En la tarima, Karla Quintana se preparaba para tomar la palabra. La comisionada nacional de búsqueda, figura clave para las familias de personas desaparecidas en México, tenía en sus manos la lista de estados que ya cuentan con comisiones de búsqueda propias, importantes, según ella, para ubicar todas y cada una de las fosas clandestinas escondidas en el subsuelo del país. Pero antes de empezar a hablar, una mujer se acercó al templete. Allá estaba el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, además de Quintana. La mujer se plantó delante de López Obrador, se hincó y empezó a sollozar. En la tarima, nadie sabía dónde meterse.

Decenas de familiares de personas desaparecidas habían acudido al evento. De media, dos por cada uno de las varias decenas de colectivos que funcionan en el país. Desde el principio, los gritos de madres, padres, hermanas de desaparecidos habían trufado las intervenciones de los ponentes. Pero cuando llegó el turno de Quintana, María Isela Vázquez tomó el pasillo y se acercó a la tarima. No había más que gritar, el presidente debía escucharla.

A más de seis meses de su toma de posesión, el Gobierno de López Obrador empieza a ser consciente de la magnitud de la tragedia de los desaparecidos. Lo primero que entendieron fue que no existen datos verídicos de cuántas personas desaparecidas hay en México. Lo segundo, que tampoco hay un registro de cuántas fosas clandestinas hay en el territorio. Lo tercero, como dijeron este lunes, fue que ignoraban el estado de los servicios forenses en el país. Si a lo primero y lo segundo todavía no hay una respuesta clara, a lo tercero sí. Son un desastre.

Encinas ha informado de que el Gobierno dedicará una primera partida de 410 millones de pesos —algo más de 20 millones de dólares— para construir cinco institutos forenses en el país, además de 15 panteones. El encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha dicho también que comprarán equipo, contratarán a más personal y apoyarán a los institutos forenses locales. "Hay que replantear el rumbo. Hay que hacer política que garantice el trato digno. El objetivo no es solo evitar que se acumule el rezago sino resolver los casos del día a día, los casos en espera y las fosas clandestinas", ha concluido.

México vive una crisis de violencia sin parangón. Durante los primeros meses del año, los homicidios aumentan respecto al mismo periodo del año anterior. Decenas de fosas siguen apareciendo en todo el país, al menos 426 desde la entrada del Gobierno. Sin una cuenta clara por culpa de vicios metodológicos, los desaparecidos se cuentan por decenas de miles, siendo la última cifra oficial, divulgada durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, de algo menos de 30.000

Entretanto, las familias se impacientan. En el evento de este lunes, dedicado a presentar los primeros pasos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, muchos gritaron airados que no veían diferencia entre ellos y el Gobierno anterior. López Obrador se ha excusado en la herencia recibida. Lo cierto es que hay mucho trabajo atrasado y mucho cansancio. La intervención de la señora Valdez, diría ella más tarde, ha sido fruto de una desesperación inabarcable.

En el vídeo del evento se ve a la la señora Valdez acercándose a la tarima, donde está el presidente, poniéndose de rodillas. Luego solloza. Le da un papel a López Obrador. Le dice cosas, casi todas inaudibles, aunque se alcanza a escuchar que el gobernador de Tamaulipas la persigue, que la quiere matar. "Tengo mucho miedo pero tengo que buscar a mi hijo", dice. Y llora, llora y en la tarima nadie sabe qué hacer excepto el presidente, que logra que la mujer se levante. Le habla a un palmo de la cara. La señala. "Vamos a hacer todo", le dice. Luego empiezan los gritos de nuevo: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Más tarde, mientras llegaba al aeropuerto de la capital para tomar un vuelo a Reynosa, la mujer, algo más relajada, recordaba por teléfono el momento. "El presidente me ha dicho que ya se va a solucionar, que la división científica de la Policía Federal se va a encargar de las identificaciones. A mi me preocupa que no se hayan identificado los restos encontrados en Miguel Alemán el año pasado". Valdez se refiere al hallazgo de restos de decenas de cuerpos en esta pequeña ciudad entre Reynosa y Monterrey, en Tamaulipas, en el norte del país. A la fecha, dice, no se sabe de quiénes son. Y a ella le urge saber si su hijo —si los huesos de su hijo— están entre los encontrados en Miguel Alemán. "Es que es mucho tiempo", dice. Cinco años han pasado desde que secuestraron a su hijo. Un grupo de hombres armados se lo llevó en Reynosa. Durante meses negociaron su rescate, pero luego dejaron de llamar y ya no han vuelto a saber nada. "Ya nosotros queremos que esto se resuelva, que ya tengamos algo, los restos", dice.

Situaciones como esta son las que tratará de resolver el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Antes de Valdez y Quintana, el subsecretario Encinas ha explicado que los servicios forenses de México son un desastre. "Falta infraestructura, personal capacitado, recursos, cementerios forenses. No hay ni criterios homologados para la conservación y el tratamiento de los cadáveres", ha dicho.

Cuando se ha acercado al presidente, la señora Valdez le ha dado una carta. Ya en el aeropuerto, su hija Delia, que la acompañaba, le ha tomado el teléfono mientras ella documentaba el equipaje. "Es una carta para el fiscal Alejandro Gertz. Es una petición para que no recorte presupuesto a los ministerios públicos —los investigadores— y no vaya cambiándolos de destino. Y para que no les haga pedir facturas de sus gastos porque es riesgoso".

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