ONG exigen seguridad para activista michoacana En ese trabajo periodístico, María Elena Barajas denunció la desaparición de su hijo Pedro Jiménez Barajas, de quien no se sabe su paradero desde el 15 de junio de 2011. Los actos de hostigamiento hacia ella y su familia iniciaron dos días después de la publicación, señalan organismos.

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ONG exigen seguridad para activista michoacana

Viernes 20 de enero de 2012 Redacción | El Universal

Organizaciones no gubernamentales de Michoacán exigieron al gobierno federal tomar medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad de la activista María Elena Barajas Mejía y su familia, ante las denuncias de hostigamiento por parte de personas desconocidas.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, el Comité Cerezo México y el Comité Monseñor Romero señalaron que María Elena Barajas, miembro de la primera agrupación, ha sufrido intimidación por hombres que viajan en camionetas y rondan su casa a partir de las denuncias que ha hecho por desapariciones en Michoacán.

El pasado 19 de diciembre EL UNIVERSAL publicó información acerca de las desapariciones —algunas por parte de supuestos elementos de corporaciones policiacas— que se han disparado en Morelia, sobre todo de jóvenes en condiciones de pobreza.

Denuncia desaparición

En ese trabajo periodístico, María Elena Barajas denunció la desaparición de su hijo Pedro Jiménez Barajas, de quien no se sabe su paradero desde el 15 de junio de 2011. Los actos de hostigamiento hacia ella y su familia iniciaron dos días después de la publicación, señalan organismos.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos es una organización integrada por familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada; su objetivo es exigir la presentación con vida de quienes son buscados por sus allegados, realizar acciones de concientización y denuncia sobre estos hechos.

María Elena Barajas denunció ante las autoridades que en varias ocasiones algunas camionetas han estado dando rondines repetidamente por su casa y lugares vecinos que suelen frecuentar sus hijos.

La activista acudió a la Procuraduría de Justicia del estado, donde se entrevistó con el Secretario Particular del titular de la dependencia en donde le dijeron que no había delito que perseguir al no haber agresión o más pruebas.

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