Familiares de desaparecidos siguen en pie de lucha Más de la mitad de las agrupaciones se formaron después de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y la violencia se recrudeció.

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Lunes 20 de febrero de 2012
Corresponsales | El Universal

Cansados de peregrinar en las agencias del Ministerio Público, procuradurías, anfiteatros, semefos, fosas clandestinas y otras dependencias de gobierno, familiares de desaparecidos en al menos diez estados han preferido saltarse a la burocracia y buscar con sus propios medios a sus parientes.

Las organizaciones que han surgido, la mayoría en este sexenio, exigen resultados de pesquisas, dejar de estigmatizar a las personas extraviadas, pero además cada vez piden una mejor legislación sobre el tema.

En Sinaloa , Baja California, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato y Guerrero destacan una o varias agrupaciones civiles.

Aunque las cifras de desaparecidos reportados por estas organizaciones difieren frente a los registros oficiales por lo problemático que resulta acreditar ante las autoridades la ausencia de las personas, estas ONG han tratado de dar cifras para dimensionar el problema en cada estado.

Más de la mitad de las agrupaciones se formaron después de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y la violencia se recrudeció.

Algunas agrupaciones han optado por cruzar datos con organizaciones de otros estados para mejorar sus resultados de búsqueda.

Sin esclarecer

En Sinaloa, según datos de organismos, suman 285 desaparecidos en este sexenio. Ahí nació Voces Unidas por la vida, una organización encausada a presionar porque se encuentren a personas que fueron presuntamente detenidas por autoridades y de las que no sabe más.

Oscar Loza Ochoa, miembro de la agrupación y uno de los luchadores sociales con mayor trayectoria en la entidad, admite que no hay avances sustanciales en los más de 200 casos. Incluso, dice, hace falta más participación civil para tener resultados exitosos de las pesquisas.

Esto, a pesar de que, según confirma Alma Rojo Medina, dirigente de la agrupación, periódicamente se sostienen reuniones con la Procuraduría de Justicia del estado.

Pero algunos esfuerzos de estos colectivos sí han dado resultados importantes. Tal es el caso de Baja California, donde tres organizaciones dedicadas a la búsqueda de sus seres queridos han luchado desde 1993 porque las autoridades no dejen de investigar los casos.

La Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas, Unidos por los Desaparecidos y Asociación Ciudadana contra la Impunidad, son las agrupaciones que nacieron en esa entidad. Ésta última logró que se creara una Fiscalía para Desaparecidos por la Procuraduría estatal.

Unidos por los Desaparecidos es la más reciente; surgió en 2011. Su dirigente, Fernando Ocegueda Flores, ha documentado 350 casos de personas que fueron privadas de su libertad y no han sido localizadas.

La agrupación ha luchado también para vencer el estigma de que algunos desaparecidos fueron plagiados por criminales por estar vinculados a ellos.

Ocegueda Flores critica al procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien ha dicho que las personas que no son localizadas han tenido vínculos con criminales.

Tras la presión de estas agrupaciones en Baja California, la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) realizó cateos a más de una docena de predios en donde se sospechaba que habían sido sepultadas clandestinamente algunas víctimas.

Entre esos cateos se incluyó el inmueble donde en 2009 Santiago Meza, identificado como El pozolero del Teo, confesó que había depositado los restos de 300 personas asesinadas por órdenes del capo Teodoro García Simental, El Teo.

Integrantes de Unidos por los Desaparecidos siguen plantándose cada viernes para exigir a las autoridades que rastreen a más familiares.

Según esa organización, 85% de los desaparecidos son hombres entre 25 y 40 años de edad, 10% son mujeres y el resto mayores o menores de edad plagiados presuntamente por comandos armados.

Otro logro de estas agrupaciones en la entidad fue reducir el tiempo en la declaración de ausencia y presunción de muerte. Antes se declaraba a una persona fallecida a los cinco años de desaparecida.

Piden legislar desaparición forzada

En Nuevo León, el movimiento Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ha realizado marchas para que se tipifique en la legislación local el delito de desaparición forzada de personas.

Organizaciones no gubernamentales del estado afirman que hay 117 casos de desaparecidos en este sexenio; 36 de ellos se están investigando, y hay sólo 16 detenidos por estos casos, según el gobierno local.

“Demandamos justicia y estamos preocupados porque sigue sin reconocerse el delito de desaparición forzada en el Código Penal de Nuevo León”, indican.

Hasta Encontrarlos es otra agrupación con el mismo fin. Se formó en Morelia después de varios plagios de jóvenes, en varios barrios de la ciudad. Según la agrupación, al menos 44 muchachos han sido secuestrados desde 2010 con patrones similares: son ayudantes de albañil u otros oficios, y son plagiados por comandos armados o vestidos de policías.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha contabilizado 275 casos de desapariciones en el estado en 2011.

En Guerrero, la guerra contra el narco ha dejado desde 2005 más de 3 mil personas desaparecidas y asesinadas, según datos extraoficiales.

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) así como el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero se han dado a la tarea de buscar y exigir la presentación de víctimas de desaparición forzada y el esclarecimiento de asesinatos.

Para el coordinador general del Tadeco, Javier Monrroy, las víctimas contabilizadas por sus agrupaciones nada tenían que ver con el crimen.

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