La desaparición forzada de personas

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RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA

En México, la desaparición forzada de personas tiene su momento más fuerte durante la llamada Guerra Sucia, en los años 60 y 70, cuando se empieza a escuchar constantemente de personas detenidas-desaparecidas, principalmente en Guerrero y particularmente en el municipio de Atoyac, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en esas décadas y fueron reprimidos por la policía y el Ejército.

Durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996, se puso nuevamente en auge el flagelo de la desaparición forzada de personas aumentando de manera alarmante en México los atentados a los derechos humanos.

Los saldos de la guerra sucia son heridas que no cierran, con un número indefinido de muertes y aproximadamente un millar de desapariciones forzadas, teniendo como víctimas a líderes sociales, dirigentes campesinos, combatientes rebeldes y ciudadanos comunes, generalmente jóvenes de origen rural y popular.

Se sabe que los detenidos-desaparecidos fueron llevados a instalaciones militares, cárceles clandestinas y sitios ilegales de reclusión, hoy a muchos años de distancia de la guerra sucia, existe la esperanza y el clamor de justicia para encontrar a sus familiares o por lo menos saber el destino de éstos, la autoridad se retrae de su responsabilidad y al igual crea que desaparece fiscalías especiales para delitos del pasado, impulsa y detiene la comisión de la verdad en Guerrero.

La desaparición forzada de personas en México se ha vuelto recurrente, ya que las autoridades se niegan a reconocer completamente este problema. En los años recientes se siguen desapareciendo a mexicanos, teniendo que ver con ello los cárteles de las drogas y los aparatos de seguridad que son recurrentemente señalados por cometer estos atentados a la vida y a la integridad de las personas; los viejos y nuevos desaparecidos claman justicia.

Las familias de las personas que se encuentran desaparecidas viven el estrés postraumático y la zozobra permanente, en una afectación psicológica y mental que los mantiene sumergidos en momentos de miedo, terror y pánico.

Estos actos son un atentado a la vida y a la libertad, generalmente provocada por las autoridades públicas que violentan a cada momento los derechos más fundamentales de los individuos, por lo cual, se deben tomar medidas urgentes para la protección de víctimas, con la creación de leyes para prevenir y erradicar esta problemática, con un ordenamiento que deberá de regular la prevención, sanción y reparación del daño de ofendidos y víctimas.

La práctica de la desaparición forzada surge en América Latina, siendo precursores de estos hechos los dictadores de Centro y Sur América, de tres décadas atrás, que reprodujeron estas prácticas cometidas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio. Se han cometido un sinnúmero de desapariciones forzadas en el marco del plan Operación Cóndor, como alianza de dictadores argentinos, salvadoreños, chilenos, uruguayos, brasileños, colombianos, bolivianos, para exterminar cualquier amenaza opositora o insurgente, en una política continental de dominación, donde incluso países como México, Colombia y Perú, son países donde se desarrollaron este tipo de atentados a la vida y a la libertad.

El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas de las Naciones Unidas, plantea una serie de acciones en contra de esta práctica: es necesaria el conocimiento de cifras de víctimas de estas acciones inefables, se garantice el delito de desaparición forzada y sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, tomar medidas preventivas y de seguridad apelando al derecho que tienen las víctimas y sus familiares a la justicia y la protección judicial, el derecho a la verdad y a la reparación del daño causado.

Las fuerzas militares en la brevedad deberán regresar a sus cuarteles dejando las tareas y operaciones de seguridad pública, se deben generar normas y protocolos para regular el uso de la fuerza.

La autoridad debe de reconocer las dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, además de elaborar un padrón actualizado de víctimas.

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