Boletín de Prensa "Desaparición Forzada en México, Caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad" San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2 de marzo de 2015

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Boletín de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 02 de Marzo de 2015

Al pueblo de México

Han trascurrido escasos dos meses de este año y la estrategia de violencia y terrorismo de Estado en nuestro país sigue sumando víctimas del pueblo trabajador. Periodistas honestos detenidos desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente, activistas políticos asesinados, organizaciones populares reprimidas, hostigamiento y amenazas para quienes luchamos decididamente contra esta política criminal; son las constantes de este régimen que cada vez deja ver su verdadero rostro antipopular y pro-fascista.

La espiral de violencia que azota amplios sectores populares, es una realidad innegable e inocultable; ésta violencia se ha intentado ocultar bajo el sofisma de la delincuencia organizada para eludir la responsabilidad del Estado mexicano y crear la coartada para arremeter impunemente contra el pueblo y sus organizaciones. El cinismo y la demagogia son respuestas recurrentes de los gobiernos en turno, ante el clamor de justicia mientras que voceros oficiosos intentan cerrar la pinza de la represión exigiendo el baño de sangre del pueblo mexicano.

En este contexto, las desapariciones forzadas de personas son una realidad que cada vez más laceran a la humanidad, sumando en esta horrida lista millones de mexicanos entre los que se encuentran los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, reivindicados por el PDPR-EPR, así también las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el indígena chatino Lauro Juárez; los 43 normalistas de Ayotzinapa… esta dolorosa lista se sigue incrementando en sus cifras en correspondencia con el incremento de la violencia y terrorismo de Estado.

Sin duda no son las únicas víctimas de este deleznable crimen de lesa humanidad, sin embargo, la mayoría queda en el anonimato por temor o amenazas. Es preciso entonces poner el nombre a cada una de ellas, que no figuren como simples números abstractos como se reconocen en la cifra oficial. La exigencia es concreta ¡presentación con vida!

Como pueblo organizado y como familiares de víctimas de la desaparición forzada, han sido varios años de lucha, sin embargo, la respuesta ha sido la indiferencia y la indolencia; en el mejor de los casos, la dilación y demagogia. En este proceso la lucha ha tenido que conducirse por diversos caminos, articulando y conjuntando la lucha jurídica con la política. Con los escasos recursos que brinda la cada vez más vilipendiada constitución mexicana y las acciones políticas de masas.

Es en este contexto que arribamos a la necesidad de dar a conocer mediante una gira nacional, la reciente resolución jurídica emitida en julio del año pasado por el noveno tribunal colegiado asentado en la ciudad de México, donde se precisa que la búsqueda de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya debe realizarse en las principales instalaciones militares del país.

Si bien es cierto, mediante un mandato judicial el Estado mexicano debe acatarla, la realidad es otra, porque en los aspectos jurídicos puede encontrar múltiples artimañas leguleyas para evadir sus propias normas de estado de derecho, como pueblo exigimos que se acate esta resolución porque sienta un precedente en la búsqueda y exigencia de presentación con vida. Los representantes del Estado mexicano están en una posición donde pueden mostrar voluntad política, sin embargo, por las declaraciones que han hecho ante la ONU, queda demostrada la nula voluntad de respetar los acuerdos internacionales firmados en la promoción y respeto a los derechos humanos.

En este mismo tenor se encuentra la posición que fija la PGR respecto a las pruebas que van saliendo a la luz pública y que demuestran la participación de efectivos militares en el cometido de diversos crímenes de lesa humanidad. La oligarquía mexicana mediante sus cámaras empresariales osa opinar que no permitirá que se cuestione la labor del ejército federal, cuando existen pruebas contundentes de que es desde los altos mandos militares y el ejecutivo federal donde se planean los más aberrantes crímenes de Estado.

El Estado mexicano sigue en el empecinamiento de mantener al margen a las fuerzas castrenses. De las cuatro líneas de investigación del caso, por lo menos en tres se hace mención de la participación de efectivos federales, sin embargo, a esta esfera federal se quiere mantener en la impunidad, queriendo pasar la estafeta a funcionarios del ámbito local. Esto se desprende de la notificación que hace el ministerio público respecto a la resolución judicial donde argumenta que no acatará este recurso judicial, violentando sus propias normas jurídicas.

Ante esta circunstancia, como familiares de las víctimas, asesoría jurídica y organizaciones populares rechazamos esta posición irresponsable de los funcionarios federales, incurriendo en un delito de desacato. Corresponde la lucha mediante los limitados recursos jurídicos que el estado de derecho oligárquico permite, en conjunción con la lucha política del movimiento popular y asociaciones de familiares para arribar a la justicia, ausente para el pueblo mexicano.

Al pueblo organizado se exige acatar la leyes, a los familiares se quiere forzar a aceptar verdades ficticias, se quiere borrar de la memoria colectiva miles de vidas, mutilando la cifra que sostienen algunas investigaciones periodísticas donde se afirma que las víctimas de la desaparición forzada puede elevarse a 300 mil; sin embargo, cuando un funcionario de Estado se ve acorralado en sus propias normas, como lo fue el llamado al Estado mexicano a comparecer ante la ONU, utilizan la bravuconería, la prepotencia y pedantería para evadir su responsabilidad ante el derecho internacional.

Reiteramos, los crímenes de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada, en nuestro país se ha convertido en política de Estado; política que no se circunscribe a un mandato presidencial, independientemente del personero que esté al frente del ejecutivo federal, por lo que constituye una política transexenal. El terrorismo de Estado se arraiga en las instituciones policiacas y militares como quedó demostrada en la agresión contra el magisterio democrático, donde el profesor jubilado Claudio Castillo Peña pierde la vida por la brutal golpiza que le propinara la división de Gendarmería nacional.

Desde los ojos de la oligarquía y sus voceros oficiosos han aplaudido esta agresión contra el pueblo mexicano, los grupos empresariales claman el baño de sangre para garantizar sus intereses, con lo cual queda demostrado una vez más de forma irrefutable que la actual administración federal no representa las demandas más sentidas de las masas trabajadoras.

Oligarquía, políticos de oficio, voceros oficiosos cierran filas para actuar represivamente contra el pueblo, corresponde al movimiento popular entender las necesidades políticas que esta coyuntura nos exige. Por esta razón convocamos al pueblo en general, personalidades progresistas, periodistas honestos, organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares a la gira nacional “Desaparición forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad”, con el único propósito de dar conocer la resolución jurídica como una de las herramientas en la exigencia de presentación con vida y sacar del anonimato a las miles de víctimas del terrorismo de Estado.

Sostener la renuncia de Enrique Peña Nieto no es un paso a la justicia para el pueblo y las víctimas, es necesario que el Estado mexicano comparezca ante tribunales internacionales por crímenes de Estado y de lesa humanidad. De la misma manera los mandatarios estatales deben responder por su participación u omisión en el cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos.

El derecho internacional ha estado al pendiente del curso de los acontecimientos en nuestro país y no han errado al tipificar que en México se vive tortura generalizada. El cinismo de funcionarios de la administración priista no conoce límites a poner en tela de juicio la ética profesional del grupo argentino de antropología forense, lo que abre un parte aguas en la coyuntura nacional, desde el Estado mexicano se intenta sostener la impunidad incluso haciendo uso faccioso de la ciencia.

Ante este panorama de generalización de la violencia y terrorismo de Estado, convocamos a conformar una coordinación nacional de víctimas de la violencia y terrorismos de Estado, como un mecanismo para establecer los vínculos políticos que nos permitan hacer frente a esta coyuntura adversa para las masas trabajadoras pero que podemos revertir si arribamos a mejores formas de coordinación.

Fraternal y combativamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos