Avanza la gira nacional contra la desaparición forzada en México

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Se ha dado a conocer la resolución Judicial emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, experiencia jurídica que sienta un precedente en el país en materia de derechos humanos, y que por ese motivo para los familiares y víctimas del terrorismo de Estado constituye un aliciente jurídico-político en el camino para continuar en la búsqueda y justicia en los miles de casos de desaparición forzada en el país.

Silvano Bautista Ibarias

A más de un mes de haber iniciado la Gira Nacional, Desaparición forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, donde el planteamiento concreto es que el Estado mexicano acate la resolución emitida por el noveno tribunal colegiado, se sigue escamoteando este derecho constitucional por parte de las autoridades federales cubriendo con el manto de la impunidad a los autores materiales e intelectuales, responsabilidad que conduce en cadena de mando a los representantes de la PGR, Sedena, Cisen, Segob y por supuesto al ejecutivo federal.

Se ha dado a conocer la resolución Judicial emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, experiencia jurídica que sienta un precedente en el país en materia de derechos humanos, y que por ese motivo para los familiares y víctimas del terrorismo de Estado constituye un aliciente jurídico-político en el camino para continuar en la búsqueda y justicia en los miles de casos de desaparición forzada en el país.

En este contexto hemos sido víctimas del hostigamiento, seguimiento y detenciones por elementos policiacos y agentes políticos de la Policía federal, así como del CISEN, por la gira que impulsamos. Los hechos más recientes fueron la detención y hostigamiento de nuestros compañeros Ignacio Romero Carrera y José Luis García Tolentino, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Hostigamiento constante para que desistamos de realizar la gira y dejemos de exigir el acatamiento de la resolución judicial en el caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Por otro lado, la respuesta de las autoridades federales, de que no van a cumplir toda la resolución, por no encontrar líneas fehacientes que señalen al ejército federal su responsabilidad en los hechos, habla de una política de Estado, que viene desde el ejecutivo federal para no tocar y señalar al ejército como ejecutor de las miles de desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales en el país.

Manto de impunidad con el que son cubiertos los cuerpos castrenses por autoridades federales, administración en turno y la misma oligarquía, para no permitir la búsqueda de los detenidos desaparecidos en los cuarteles militares y que sean juzgados en los tribunales internacionales por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado.

Por eso no nos sorprenden las declaraciones que hace la actual titular de la PGR, al señalar que “las desapariciones de Iguala no son delitos de lesa humanidad, porque no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, sino que fueron hechos aislados”. Por supuesto que la desaparición forzada es una política de Estado y su sistematicidad se evidencia en los miles de casos que existen en país, cubiertos por la cortina de humo que tiende la supuesta lucha contra el crimen organizado.

Lo ocurrido en Iguala es un crimen de lesa humanidad pese a que la autoridades federales se empecinen en evadirlo. Es un acto premeditado y con la intención de desarticular el creciente descontento que se generaliza en función que las políticas neoliberales profundizan sus efectos nefastos para el pueblo.

El no reconocer las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad es una política de Estado que se viene realizando desde hace tiempo y que en esta administración se ha intensificado y perfeccionado, en el que el Estado mexicano a través de sus aparatos de represión e instituciones son responsables ya sea por omisión, comisión o aquiescencia.

No nos debe quedar duda de la responsabilidad como Estado mexicano, y que en los hechos ocurridos en Iguala son un crimen de Estado; no debe permear la idea que fueron hechos aislados, porque fue un acto dirigido con toda la intensión de dañar a un sector en específico, en este caso es el normalismo rural, quienes son jóvenes, que desde hace tiempo defienden y luchan por una educación pública, gratuita, científica y popular, defienden el normalismo rural, lo cual es un impedimento para el pleno desarrollo de las leyes neoliberales.

Esa es la intención de la política del ejecutivo federal. Para aplicar las leyes neoliberales debe eliminar a los opositores, a todos los sectores organizados que contravengan los intereses oligárquicos. Tiene responsabilidad la clase social que está ansiosa por ver la acumulación y centralización de su capital, nos referimos a la burguesía, y se conforman través de cámaras empresariales como MEXICANOS PRIMERO, COPARMEX, CONCANACO, por mencionar algunas.

Razón tiene el abogado Sandino Rivero Espinosa cuando mencionó en su ponencia en el estado de Chiapas, “una desaparición forzada cuando es cometida en contra de luchadores sociales, es digámoslo de alguna manera más perversa aún, porque se está reprimiendo el ser luchador social, se reprime directamente y no se permite disentir por ser distinto, no se permite ejercer un derecho legítimo que es el derecho a la resistencia, que es el derecho a la protesta en situaciones de carencia extrema; hay un derecho legítimo de todos los ciudadanos, que tenemos todas las personas en el pueblo mexicano a resistir, a luchar y cuando resistimos y luchamos o nos desaparecen por luchar es más perverso lo que está haciendo el Estado”.

Eso es lo que hizo el Estado mexicano con los estudiantes normalistas, es lo que hizo con los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los detuvo y desapareció de manera forzada, impidió su derecho a la resistencia, a la protesta, además de tratar de infligir un escarmiento a todos aquellos luchan desde diferentes trincheras, a todo el pueblo que lucha por mejores condiciones de vida. Por eso no dejaremos de exigir juicio y castigo a los verdaderos criminales de Estado.

En ese sentido, saludamos a todas las organizaciones populares-estudiantiles de Villahermosa, Tabasco; los invitamos a que nos acompañen en las actividades que vamos a realizar; sólo la coordinación de los esfuerzos entre los familiares víctimas del terrorismo de Estado, organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos y pueblo en general podrán detener la política represiva del régimen neoliberal.

Por último responsabilizamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, a los altos mandos de la SEDENA, CISEN de la integridad física, psicológica de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos Hasta Encontrarlos, abogados y de todas aquellas organizaciones Co convocantes de la Gira Nacional. Desaparición forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad.

24 de marzo
16:00 horas, Conferencia magistral. Desaparición forzada en México y los recursos jurídicos políticos en el caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Participan: Nadin Reyes Maldonado Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Lic. Leonel Rivero Rodríguez Abogado integrante de la Defensoría Estratégica en Derechos Humanos y asesor jurídico del caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

17: 00 horas, foro: desaparición forzada en México
Historiador. Héctor Valencia Reyes; Antropólogo. Ezequiel Soberanes Rojas; Dr. Juan Carlos Guzmán Ríos. Auditorio de la Biblioteca Manuel Bartlett de UJAT Unidad Centra.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

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