Acusarán en la Corte a la PGR y Sedena en caso de eperristas desaparecidos

Lunes 25 de mayo de 2015
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Proceso
Gloria Leticia Díaz
25 de mayo de 2015

MÉXICO, D.F. (apro).- A ocho años de la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, familiares y abogados denunciaron que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niegan a interrogar a altos mandos del Ejército y a abrir los cuarteles para buscarlos, por lo que solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, lamentaron “el encubrimiento y protección a los principales responsables” de estos hechos, “militares, fuerzas armadas y las diversas corporaciones policiales”.

Sandino Rivero, de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, señaló que el 19 de junio del año pasado el IX Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a la PGR y a la Sedena que se “se trasladen a instalaciones militares para buscar Edmundo y a Gabriel, que citen a declarar a mandos militares que estaban en funciones en mayo de 2007 para que digan qué es lo que saben sobe los hechos y que la Sedena informe la inhumación de cuerpos en sus instalaciones militares para determinar si corresponden con los cuerpos de Gabriel y Edmundo”.

El abogado apuntó que hasta ahora las autoridades se han negado a acatar la resolución judicial. La PGR, dijo, argumenta que “la línea militar no es su línea de investigación”, mientras que la Sedena “no ha dado ni siquiera la lista de los mandos del Ejército para interrogarlos ni mucho menos sobre las inhumaciones”.

Rivero destacó que de acuerdo con la resolución judicial, “los familiares y sus representantes tenemos derecho a interrogar a los mandos, una vez que el Ministerio Público de la Federación los llame a declarar”.

Sobre la respuesta de la PGR de negarse a llamar a declarar a militares, Rivero agregó que detrás de ella hay una contradicción porque “cuando el Poder Judicial Federal pidió que expusiera cuáles eran las líneas de investigación, incluyó entre sus cuatro hipótesis que Edmundo y Gabriel habrían sido llevados al Campo Militar Número Uno, y después para no acatar la sentencia argumentan que no tienen elementos para llamar a declarar a los mandos”.

Las otras tres hipótesis tejidas alrededor del caso, según la PGR, es que los presuntos responsables son policías ministeriales de Oaxaca, que fueron detenidos por Policías de Caminos en la carretera Oaxaca-Puebla, o bien que abrían sido desaparecidos por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Este martes familiares, miembros de organizaciones sociales y el abogado Rivero, acudirán a la SCJN a pedir la intervención del presidente Luis María Morales Aguilar para exigir el cumplimiento de la resolución judicial.

Sandino Rivero señaló que de no acatarse el fallo, y no se obtienen resultados favorables una vez que rindan testimonios personas que pudieron tener conocimiento de los hechos, el caso de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nadin Reyes y Margarita Cruz, hija de Edmundo y hermana de Gabriel, consideraron que el caso de sus familiares es “emblemático” de que “las desapariciones forzadas constituyen una política de Estado”.

Margarita Cruz reprobó que se pretenda justificar la desaparición de ambos personajes “por buscar una opción de cambio diferente a la política tradicional”, y por ser militantes de un grupo armado.

Nadin Reyes contó que durante la Gira Nacional contra la Desaparición Forzada, en la que se expuso el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, “nos dimos cuenta de que el tema de la desaparición forzada está extendida por todo el país, pero también que hay mucho miedo para denunciar, no hay confianza en las autoridades”.

Susana Aguilar, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, una e las organizaciones que encabezaron al gira, narró que detectaron que la práctica de desaparición forzada es más frecuente en Veracruz, Puebla y Michoacán.

Otras entidades visitadas a partir del 16 de febrero, son Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Jalisco, agregó, sitios en los que los activistas fueron “hostigados y seguidos por representantes del CISEN, muy marcadamente en Oaxaca, Veracruz, Tabasco e Hidalgo.

Como vocero del Comité Civil de Seguimiento, el antropólogo y ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Gilberto López y Rivas, reconoció en el caso de los dos eperristas como un “caso singular porque no se había visto que un grupo armado asuma como estrategia exigir al Estado que responda por la vida de sus militantes”.

Tras ocho años sin lograr la localización de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, de que se haya emitido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se reconoce como desaparición forzada y de que siga sin cumplirse una resolución judicial, López y Rivas sostiene que “lo que demuestra es que no existe el Estado de Derecho, que prevalece la impunidad y la protección del Ejército y del CISEN”.

López y Rivas recordó que en 2007 cuando fueron desaparecidos los eperristas, “la ciudad de Oaxaca estaba sitiada por el Ejército y toda suerte de corporaciones policiacas por las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por eso no es convincente que se quiera dejar el caso en policías ministeriales estatales o que los responsables fueron particulares, lo que vemos es que cuando se trata de militares, hay una clara acción concertada para protegerlos y encubrirlos”.



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