CNDH solicita a autoridades informe sobre la suerte final de Reyes Amaya y Alberto Cruz. Grupo Fórmula

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 7/2009, dirigida al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como representante del Gobierno Federal; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, por el caso de los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, cuya desaparición, el 24 de mayo de 2007, fue denunciada por organismos no gubernamentales a la CNDH y cuya presentación es reclamada al Estado mexicano por el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El boletín de la CNDH señala que las investigaciones realizadas por la comisión permiten contar con indicios suficientes para establecer que servidores públicos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaría de Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero de los presuntos desaparecidos.

Agrega que además la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, tiene radicada una investigación de este caso, sin haber obtenido resultado alguno para esclarecerlo después de 18 meses.

En ese sentido, refiere el documento que al no obtener resultado alguno en el caso, la Procuraduría General de la República incurrió en ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia, a la que debe añadirse su negativa a colaborar en
la investigación de la CNDH, a la que impidió conocer los avances de las acciones realizadas por esa representación social de la Federación.

En su Recomendación, la CNDH solicita a las autoridades señaladas que los agraviados sean presentados inmediatamente con vida, y en el supuesto de que hayan incurrido en conducta antijurídica queden a disposición de la autoridad competente, o en caso contrario que informen a esta Comisión Nacional la suerte final que corrieron dichas personas.

Al gobierno federal, a través de su representante, le solicita que la PGR determine conforme a derecho la averiguación previa correspondiente; que un equipo interdisciplinario evalúe las diligencias realizadas por la representación social de la Federación en el presente caso; se detecten las irregularidades en las investigaciones de dicha representación social y se dé vista al Ministerio Público y al órgano interno de control correspondientes para que actúen contra los servidores públicos responsables, y se investigue administrativamente a los servidores públicos de la PGR que obstaculizaron e impidieron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la CNDH.

Al gobierno del estado de Oaxaca se le solicita investigar a los servidores públicos de la actual Secretaría de Seguridad Pública involucrados en los hechos; investigar al entonces director de la Policía Ministerial de la procuraduría estatal y dar vista al Ministerio Público para que investigue a dichas personas, así como investigar las acciones y omisiones del personal de la dirección del servicio de emergencia 066, Oaxaca.

A la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez se le solicita investigar administrativamente a los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública involucrados, que impidieron y obstaculizaron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la CNDH.

Radio Fórmula

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