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Caso Ayotzinapa, primera “prueba de fuego” para nueva titular de PGR: AI
Viernes 27 de febrero de 2015, por
Gloria Leticia Díaz
27 de febrero de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El director de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz Rendón, señaló que la primera “prueba de fuego” para Arely Gómez al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) será considerar las líneas de investigación negadas por el exprocurador Jesús Murillo Karam en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Las declaraciones del activista se dieron luego de que la exsenadora priista solicitó licencia y minutos después se dio a conocer en el noticiero estelar de Televisa el relevo de Murillo Karam.
Tras presentar el informe anual de AI, Quiroz Rendón resaltó que el tema central del relevo anunciado ayer en la PGR “no es cambiar una persona por otra, sino hacer que la instituciones funcionen en verdad y que haya voluntad política”.
Y emplazó a Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez, a demostrar su independencia con el caso Ayotzinapa, que ha marcado el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“La primera prueba de fuego que tendrá (Arely Gómez) en caso de ser ratificada como procuradora será justamente la colaboración que tenga con el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que les facilite todos los expedientes”, dijo.
Una muestra más de independencia, agregó, será “que restablezca los vínculos con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y veremos si está dispuesta a abrir estas nuevas líneas de investigación que no se han agotado”, entre ellas las que vinculan al Ejército Mexicano en los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, cuando los normalistas fueron desaparecidos.
Por su parte, Jorge Israel Hernández, integrante de la organización civil que forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, consideró necesario evaluar si la exsenadora tiene “competencias para cumplir con ese mandato y ese ejercicio”.
Señaló que no sólo la propuesta presidencial de Gómez González debería estar bajo escrutinio antes de que asuma el cargo, sino también la de Eduardo Medina Mora, postulado por el presidente Enrique Peña Nieto para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la presentación del informe anual “Situación de los derechos humanos en el mundo”, el director de Amnistía Internacional lamentó que el gobierno del mexiquense viva en una “negación sistemática de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en México”, luego de recordar que en días pasados el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los niveles de inseguridad se han reducido.
Quiroz Rendón detalló que de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013 sólo 7% de las víctimas de delito hicieron su denuncia ante las autoridades ministeriales.
Entre los temas de preocupación para AI sobresalen las desapariciones en el país, que hasta el año pasado sumaron 22 mil 611 casos, de los cuales 12 mil 821 corresponden al gobierno de Felipe Calderón y el resto al de Peña Nieto.
De acuerdo con Quiroz, la persistencia de la tortura en México es otro punto de alerta ante el crecimiento de 600% en diez años (2003 a 2013), según quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“El gobierno está intentando negar una realidad que es a todas luces evidente. Los números y las cifras ahí están y son oficiales, no son las que estamos inventando”, apuntó.
De igual manera, advirtió que no sólo AI y las organizaciones sociales consideran generalizadas la tortura o la desaparición en México, “también lo han hecho el relator de Naciones Unidas para Tortura, Juan Méndez, y el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU. Son valoraciones que el gobierno mexicano tendría que reconocer para avanzar”, añadió.
Y advirtió que su organización “no tiene una intención de debilitar al Estado mexicano, por el contrario –subrayó–, queremos tener un Estado que funcione (…) No creemos que quedarnos callados ante la falta de funcionamiento de estas instituciones sea la solución”.
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