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Gran Angular | Raúl Rodríguez Cortés

23 desapariciones forzadas en 15 meses

El 18 de agosto de 2008 le informaba aquí que el gobierno había aceptado que la PGR investigaba la desaparición forzada de los dirigentes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en Oaxaca el 24 de mayo de 2007

Sábado 26 de marzo de 2011

23 desapariciones forzadas en 15 meses

Un informe confidencial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregado el miércoles pasado a un grupo de alto nivel de la ONU, documenta 240 casos de presuntas desapariciones forzadas en México.

El asunto es de extrema gravedad porque se trata de un delito que, para que tipifique como tal, debe ser planeado y desarrollado por el Estado con el fin de acallar voces opositoras que lo desafían.

Los dos tomos del informe en inglés y español fueron entregados por el ombdusman nacional, Raúl Plasencia, a Jasminka Dzumhur, Osman El-Hajje y Ariel Dulitzky, integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.

Hasta donde fue posible indagar, de los 240 casos de presuntas desapariciones forzadas en nuestro país, 188 (78.3%) ocurrieron durante la llamada “guerra sucia”, entre 1960 y 1980, y 29 (12.1%) tuvieron lugar en diversos años entre 1981 y 2009. Pero 23 (9.6% del total) ocurrieron entre 2010 y lo que va de 2011, es decir, son nuevos casos de los que no se tenía conocimiento y que tuvieron lugar en el contexto del despliegue de las fuerzas de seguridad y militares por la llamada guerra contra el narcotráfico.

El 18 de agosto de 2008 le informaba aquí que el gobierno había aceptado que la PGR investigaba la desaparición forzada de los dirigentes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 (columna Gran Angular El Ejército, Oaxaca y los desaparecidos. Y el 13 de julio de 2009 le decía que el Estado mexicano y su Ejército estaban sentados en el banquillo de los acusados, sujetos a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por la desaparición forzada del dirigente campesino Rosendo Padilla Pacheco, relacionado con la guerrilla de Lucio Cabañas (columna Gran Angular Impunidad con uniforme).

Los casos referidos en el párrafo anterior y los de Israel Ayala Ramírez, Aarón Rojas de la Fuente y Alejandro Gama Habif, desaparecidos el 17 de marzo de 2009, formarían parte de los 29 casos ocurridos entre 1981 y 2009. De los que nada se sabe, insisto, son de los 23 que según el informe de la CNDH habrían ocurrido durante los últimos 15 meses.

Instantáneas

1. VIOLENCIA. Llevaba ya algunos meses el debate sobre la cobertura que deberían dar los medios de comunicación a los hechos de violencia que sacuden al país para que, sin faltar a su obligación de informar, eviten convertirse en voceros involuntarios de la delincuencia organizada y eco de acciones que buscan aterrorizar a la gente.

Finalmente ayer, más de 700 medios del país firmaron el Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, que es una especie de decálogo de criterios editoriales: 1) tomar posición contraria a la violencia, 2) no convertirse en vocero involuntario de criminales, 3) dimensionar adecuadamente la información, 4) atribuir responsabilidades explícitamente, 5) no prejuzgar culpables, 6) cuidar a las vícitmas y a los menores de edad, 7) alentar la participación y la denuncia ciudadana, 8) proteger a los periodistas, 9) solidarizarse ante amenazas o acciones contra reporteros y medios, y 10) no interferir en el combate a la delincuencia.

Sobre el tema ya había experiencias particulares: la de esta casa editorial, que por cierto creó el miércoles su Consejo Consultivo sobre temas de seguridad; y la de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), que define con claridad criterios para tales coberturas en su recién aprobada política editorial.

Llama la atención en el acuerdo firmado ayer la insistencia en enfatizar que la violencia proviene de la delincuencia organizada porque, en general, eso es lo que todos creemos. Algunos otros pensamos que la manera en que el gobierno ha enfrentado el asunto multiplica esa violencia. Por fortuna, el acuerdo de marras establece en sus considerandos que “puede y debe debatirse si la forma en que el gobierno ha decidido combatir al crimen organizado es la adecuada, pero ese debate tiene que partir del reconocimiento de la obligación constitucional que tiene el gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley”.

Si se pasa por alto lo anterior, todo quedará en un intento de limpiarle la cara al gobierno. A la violencia se le detiene con cambio de modelo, de estrategia y de mando.

2. DERECHO. La Corte ratificó el derecho de los periodistas a reservarse sus fuentes de información.

3. MI INVITACIÓN a que me siga en twitter e intercambiemos información y comentarios: RaulRodriguezC es mi dirección. (rrodriguezangular@hotmail.com)


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