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México rechazó informe de la ONU sobre desapariciones forzadas
Miércoles 6 de abril de 2011, por
Las cosas por su nombre’
MÉXICO – Aunque aceptaron la posibilidad del fenómeno de las desapariciones forzadas en el país, autoridades mexicanas exigieron a la ONU llamar “a las cosas por su nombre” y declinaron validar los tres mil casos de las que habló un grupo de trabajo del organismo.
De acuerdo a la versión digital de El Universal, en una conferencia conjunta entre la Secretaría de Gobernación (Segob, ministerio de Interior) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), funcionarios señalaron que es necesario establecer con claridad "la diferencia entre un extravío, secuestro, desaparición y desaparición forzada".
“Pedimos a nuestros visitantes que se le llame a las cosas por su nombre, y si bien es cierto que reconocimos que el fenómeno se puede estar dando en México, también pedimos expresamente que para llegar a cifras concretas en el informe, era necesario atender a los distintos puntos de vista que se estaban expresando y, por ello, vamos a esperar a que se desahogue esta etapa de preguntas para cuando se rinda el informe final”, dijo el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora.
El gobierno mexicano aclaró en un comunicado que "si bien el Estado tiene la obligación de investigar y dar con el paradero de las personas, esto no significa que haya intervención de uno de sus agentes en estos actos delictivos".
La cancillería y la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior)
Los señalamientos de la ONU
El grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU aseguró que este delito ha crecido en el sexenio del mandatario Felipe Calderón, y aseveró que el Ejército es señalado de cometer el ilícito.
No obstante a que las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos reportan cerca de tres mil casos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que van a la alza las quejas por ese delito, en México, a decir de la ONU existe un “patrón crónico de impunidad”.
La comisión de Naciones Unidas que llegó a México para investigar las desapariciones forzadas, dijo al concluir su visita que organizaciones no gubernamentales reportaron hasta tres mil casos de ese problema.
Entre las recomendaciones que presentaron para combatir el problema destaca la de cesar "en el corto plazo" las operaciones de seguridad pública encomendadas a militares.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU "recibió documentación detallada de varios casos de desaparición forzada perpetrados por elementos militares", dijo el argentino Ariel Dulitzky, uno de los enviados. "También fuimos informados de casos en los que se utilizó la tortura y otros tratos crueles".
Los expertos no especificaron si las organizaciones mencionaron a autoridades específicas como responsables de las tres mil desapariciones.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU dio a conocer la cifra pero aclaró que el número "no puede ser establecido a cabalidad sin una adecuada investigación de todos estos delitos".
Observaciones preliminares
Jasminka Dzumhur, de Bosnia-Hersegovina, y el libanés Osman El Hajjé completaron la misión que recopiló información desde el 18 de marzo y el jueves ofrecieron una rueda de prensa con las conclusiones preliminares.
Precisaron que en el reporte que escriban de su visita contrastarán el dato denunciado por los activistas con la información aportada por las autoridades.
"El grupo de trabajo reitera que estas son observaciones preliminares. El análisis de la información recibida durante y con posterioridad a la visita serán considerados en la elaboración del reporte que será presentado al Consejo de Derechos Humanos", dijo Dulitzky.
La ofensiva militar contra los carteles de narcotraficantes y el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón desde que asumió el poder en diciembre del 2006 también ha dejado 34,600 muertos.
Durante su estancia en México, el GTDFI se entrevistó autoridades federales y estatales, además de diversas organizaciones no gubernamentales y con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La visita incluyó recorridos por algunas localidades afectadas por la violencia del narcotráfico como Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos y el puerto turístico de Acapulco.
Su informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del 2012.
El GTDFI fue creado en 1980 para asistir a los familiares de las personas desaparecidas.
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