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Desaparecen padre e hijo en la sierra de Coyuca de Catalán por defender su bosque
Martes 9 de febrero de 2021, por
febrero 9, 2021
Redacción
Carlos Navarrete Romero/ Coyuca de Catálan, Gro.
El 16 de octubre a Elías Gallegos y a su hijo Freddy los sacaron de su casa por la fuerza y ya no se supo de ellos.
Ocurrió en la ranchería El Perro, perteneciente al ejido de Guajes de Ayala, en la sierra de Coyuca de Catalán.
Elías, de 62 años, es campesino, productor de mezcal y también gestor. Además participó activamente en la organización de los pueblos que integran el ejido para defender sus árboles de un grupo delictivo que está a cargo de Crescenciano «Chano» Arreola, señalado de explotar clandestinamente la madera de sus bosques. Freddy también es campesino, productor de ganado y padre de una niña y un niño.
Elvira, esposa de Elías y madre de Freddy, presenció el momento en que cerca de 20 hombres armados, algunos con el rostro cubierto, ingresaron a su vivienda y se los llevaron por la fuerza.
“Llegaron y los amarraron, los subieron a una camioneta, se llevaron la moto de mi marido y la de mi hijo, me vaciaron la casa, se llevaron todo lo de valor”.
Los pistoleros no dijeron nada, sólo entraron para llevárselos.
Elvira dice desconocer las razones por las que se llevaron a su esposo y a su hijo, aunque autoridades ejidales afirman que la desaparición de ambos fue una reacción del grupo delictivo de «Chano» Arreola ante la organización de los pueblos para impedirle continuar con la tala clandestina de árboles.
Para Elvira la única opción era huir, y lo hizo. Desde entonces vive fuera del ejido.
Por lo ocurrido presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sin embargo hasta este día no se le había informado de algún avance en las investigaciones.
17 días antes, en la comunidad de La Tejada, fue asesinado Eduardo Cortés, de 24 años, por integrantes del mismo grupo delictivo, del que son lugarteniente dos personas identificadas como los hermanos Espino.
La suegra de la víctima, quien por miedo se reservó su identidad, contó que el 25 de septiembre Eduardo fue detenido por militares dentro del ejido, argumentando que portaba un arma de fuego.
Según el testimonio, la víctima fue llevada por los elementos castrenses a la casa de su suegra, donde le pidieron un borrego a cambio de que lo liberaran. Ella accedió, y Eduardo fue dejado en libertad.
Dos horas después, llegaron al lugar cerca de 70 sicarios, quienes dispararon contra su vivienda y exigieron a la mujer entregar a su yerno, quien finalmente salió de luego de que los delincuentes amenazaran con matar a su esposa y a su hijo.
“Rodearon toda la casa, le metieron unos balazos, y gritaban que saliera mi yerno (…) En cuanto salió le dieron un culatazo en la cabeza y lo sacaron a empujones a la carretera y a mi también. Le amarraron las manos a Lalo, lo echaron a la camioneta y se lo llevaron”.
Antes de retirarse, los sicarios vaciaron su casa y le robaron cinco mil pesos y unas alhajas. También quemaron 8 viviendas, de ella y sus hijos, tres camionetas y se robaron dos motos.
La suegra de Eduardo asegura que los militares que lo detuvieron antes de la llegada de los sicarios, están coludidos con el mismo grupo delictivo y no descarta que ellos le hayan informado a los delincuentes la ubicación de su yerno.
A las 8 de la noche de ese mismo día se escucharon balazos muy cerca del pueblo, Al día siguiente el cuerpo de Eduardo fue localizado sin vida y con heridas producidas con arma de fuego.
Este caso también es considerado por los pobladores como una represalia del grupo criminal por impedirle seguir explotando los árboles de manera clandestina.
“Mi nieto (de 5 años) lo vio todo, la balacera, cuando prendieron la casa. Se espantó mucho, pero no lloraba ni nada el chamaquito. Cuando amarraron a su papá con las manos para atrás el vio y seguido se acuerda, y dice: mi papito está en el cielo, ya le habrán soltado las manos”.
En ambos casos, los familiares de las víctimas exigieron al gobierno federal y estatal su intervención para que los desaparecidos sean encontrados y, en el caso de Eduardo, se garantice acceso a la justicia. De igual forma demandaron que se investigue a los militares que tienen instalado un reten cerca de la comunidad de Los Aguacates, pues son señalados de proteger a «Chano» Arreola y sus sicarios.
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