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Las desapariciones forzadas en México son cometidas por agentes del Estado: IBERO
Martes 31 de mayo de 2011, por
Arturo Alfaro Galán
En México, las desapariciones forzadas son delitos cometidos, principalmente, por agentes del Estado, funcionarios públicos y personas vinculadas con las corporaciones policíacas del país, lo cual significa una evidente violación en las garantías individuales, denunció castro Soto, director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla.
Durante la mesa redonda “Los crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de la Delincuencia Organizada”, organizada dentro de la Jornada Nacional contra la Impunidad y el Olvido “No más desapariciones forzadas” de la Red de Defensa de los Derechos Humanos; el académico de la Ibero señaló que pueden considerarse como desapariciones forzadas: los movimientos migratorios ilegales o el secuestro por trata y tráfico de personas.
Según explicó, la ausencia de estos seres de sus núcleos familiares por circunstancias violentas o ilegales, existiendo presencia o participación de un agente del estado; se puede tipificar ya como una desaparición forzada.
Durante la mesa redonda, Israel Sampedro Morales, coordinador de REDDH, aseguró que la mayor consecuencia de las desapariciones forzadas es el impacto psicosocial que tienen sobre la sociedad, pues vulneran los aspectos psicológicos de las familias afectadas y generan miedo y terror en el público en general.
Indicó que el “empecinamiento de Felipe Calderón para continuar con la absurda guerra contra el narcotráfico” está avalando actividades fascistas como la militarización de diferentes ámbitos de la sociedad y de estructuras de gobierno, el despliegue de elementos policiacos en el país; la ejecución de estados de sitios temporales en las franjas fronterizas del norte y sur del país y la paramilitarización de urbes y comunidades rurales.
Estas actividades, señaló, han dado como resultado más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales y cerca de 10 mil desapariciones forzadas por motivos políticos; además del exilio forzado de activistas de derechos humanos ante la persecución, hostigamiento y amenaza de perder la vida al permanecer en el país.
Por su parte, José Gerardo Palomo González, coordinador de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero, destacó que el gobierno federal ha cometido el error de querer presentar el problema de la “delincuencia organizada”, como un problema que se solucionaría fundamentalmente recurriendo a las fuerzas amadas.
“Este fenómeno violento que conocemos en nuestro país y en otras regiones no pudo haberse desarrollado sin una determinada cobertura política”, concluyó.
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