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La desaparición forzada es una realidad en México, y no es denunciada por temor, afirma la CNDH
En un informe sobre el tema —presentado por organizaciones civiles de México ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas en el pasado mes de abril— se destaca que hay cuatro grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas: los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en un movimiento social armado; migrantes y personas (particularmente mujeres y jóvenes) que viven en lugares donde se ha incrementado la violencia.
Jueves 9 de junio de 2011
CHIHUAHUADónde está?, ¿por qué se lo llevaron?, ¿él no se mete con nadie?, suplicó una mujer michoacana al enterarse que su hijo, un joven ingeniero, junto con seis amigos desaparecieron cuando vacacionaban en Colima.
El fenómeno de las desapariciones en México, tanto las atribuidas a instituciones de gobierno (desaparición forzada) como a grupos criminales, ha aumentado en los últimos cinco años. Sin cifras reales del problema, las denuncias son poco investigadas por la dificultad para demostrar que se trata de una desaparición, pues la responsabilidad de presentar pruebas queda a cargo de los familiares.
En México, las desapariciones han ido en aumento de diciembre de 2006 a la fecha; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asegura que en ese periodo se han reportado cerca de 5 mil 397 personas como extraviadas o ausentes.
A pesar de este fenómeno, las organizaciones no gubernamentales señalan que no hay datos certeros acerca de este problema, ya que las autoridades no documentan los casos, se niegan a dar la información y los mismos familiares temen denunciar.
En estados como Chihuahua, Coahuila, Baja California, Michoacán y Jalisco las asociaciones civiles documentan los casos, tratan de presionar a las autoridades a que investiguen, pero no se tienen resultados, denuncian.
En septiembre de 2010, seis jóvenes michoacanos y uno de origen estadounidense, de edades entre los 19 y 23 años, decidieron pasar un fin de semana en Manzanillo, Colima, sin embargo, nunca llegaron a su hotel.
Michoacán es una de las entidades con más ciudadanos desaparecidos en el territorio nacional; según cifras de la CNDH, en el sexenio de Felipe Calderón van 500.
En un informe sobre el tema —presentado por organizaciones civiles de México ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas en el pasado mes de abril— se destaca que hay cuatro grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas: los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en un movimiento social armado; migrantes y personas (particularmente mujeres y jóvenes) que viven en lugares donde se ha incrementado la violencia.
Faltan leyes contra desapariciones
En cuanto a la desaparición forzada, que es la que está relacionada a acciones de corporaciones del Estado, sólo nueve de las 32 entidades del país cuentan con leyes que tipifican el delito. En Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Guerrero está previsto este ilícito.
Familiares de unas 300 personas extraviadas por diversas causas en Baja California aseguran que perdieron la esperanza de localizarlos vivos ante la falta de apoyo de las autoridades estatales, y ahora han enfocado sus esfuerzos a recuperar al menos sus restos.
El secretario de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, reveló que en cuatro años la agrupación ha documentado cada vez más casos que se acumulan sin que esto motive a las autoridades a investigar.
El activista, cuyo hijo está desaparecido, explicó que la mayor parte de los casos ocurrieron entre los años 2008 y 2010, aunque las autoridades niegan las cifras.
Niegan información
En Nuevo León las únicas estadísticas oficiales disponibles sobre personas desaparecidas son las denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que el año pasado recibió 53, y 11 en lo que va del año.
La Procuraduría de Justicia del estado, responsable de atender los casos de personas secuestradas o desaparecidas, ha rechazado sistemáticamente proporcionar esos datos, incluso se ha negado a responder una petición de EL UNIVERSAL, enviada en el marco de la Ley de Acceso a la Información.
De marzo de 2010 a abril de 2011 en Coahuila se han reportado 14 personas desaparecidas, informó el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Miguel Arizpe Jiménez.
Las cifras del ombudsman discrepan en mucho con las de la Diócesis de Saltillo, que reporta que de febrero de 2007 a mayo de 2011 en Coahuila se tienen contabilizadas 166, según lo documentado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” y familias que se han organizado en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (Fuundec).
Donde las cifras también varían, según la instancia que las documenta, es en Chihuahua. Ahí, la fiscalía estatal tiene documentadas 48 mujeres que han desaparecido en 2011, mientras que la vocera de la organización Colectivo, Arte, Comunidad y Equidad, Verónica Corchado, asegura que en lo que va del año hay un registro de 56 jóvenes extraviadas sólo en Ciudad Juárez.
Tanto esa ONG como la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos advierten que “por más que se promueva la denuncia la gente no quiere hacerlo, esperan días, semanas y pueden pasar años, y no lo hacen, son familias que vienen en la periferia; tienen miedo de denunciar”, mencionó Verónica Corchado.
La Fiscalía Estatal de Chihuahua también se niega a revelar el número de personas desaparecidas, y sólo hace pública la cifra en cuanto a mujeres reportadas como extraviadas.
Para el ex diputado e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Víctor Quintana “es evidente la relación entre la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua y la elevación del número de desapariciones forzadas en la entidad”.
Para el académico, tales desapariciones se dan para anular adversarios y desalentar la denuncia por parte de las diversas organizaciones criminales, pero también las emplean con esos fines el Ejército, la Policía Federal y diversas organizaciones municipales.
Víctor Quintana sostiene que las desapariciones de personas han estado azotando al estado de una manera continua desde hace dos décadas. (Julieta Martínez, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Javier Cabrera, Ulises Zamarroni y Juan M. Cruz)
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