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Desaparecidos
Lunes 30 de julio de 2012, por
Arturo Herrera Cornejo
La familia Guzmán Cruz desde hace 38 años demanda que se esclarezcan las desapariciones forzadas de su padre, Jesús Guzmán Jiménez, y de los hermanos Amafer, Solón, Armando y Venustiano, víctimas de la guerra sucia de la década de los 70 emprendida por el gobierno mexicano contra los luchadores sociales.
Amafer, el mayor de los hermanos Guzmán Cruz, era estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Química de la Universidad Michoacana, fue fundador de la Casa del Estudiante Nicolaita y del Comité Universitario en Lucha (nada que ver con la actual CUL); también fue organizador del Primer Congreso Obrero-Campesino-Estudiantil.
Amafer llevó auxilio a los damnificados en el Bajío michoacano por el desbordamiento del río Lerma en 1973; ante el Departamento de Asuntos Agrarios gestionó asuntos en favor de los campesinos de Acahuato; ante la Secretaría de Obras Públicas logró materializar caminos para los campesinos de la región de Puruándiro; impartió cursos a los obreros de Celanece Mexinana en Zacapu; fue solidario con los trabajadores electricistas agrupados primero en el STERN y luego en la Tendencia Democrática del SUTERM; organizó a los resineros de Cherán; trabajó con los indígenas de Acachuen y Tanaco en la Meseta Purépecha; organizó a las enfermeras del Sanatorio del Sagrado Corazón, en Morelia; encabezó manifestaciones de rechazo a la carestía de la vida y al incremento en el precio de la tortilla, así como contra el alza en las tarifas del servicio de transporte urbano en Morelia; fue fundador de la colonia popular Lázaro Cárdenas, en Zinapécuaro. Además con los estudiantes participó en la lucha por la obtención de becas y la creación de comedores.
México vivía en medio de un clima de represión: los ferrocarrileros habían sido encarcelados, los maestros habían sido sometidos, el líder campesino Rubén Jaramillo terminó sus días asesinado, Ramón Danzós Palomino, dirigente de la CCI, fue encarcelado. Los médicos fueron acallados por la fuerza. Los estudiantes en Michoacán vieron en 1966 que el Ejército tomaba y permanecía en los edificios universitarios. El 2 de octubre de 1968, en la ciudad de México, ocurrió la masacre de Tlatelolco y el 10 de junio de 1971, en la Rivera de San Cosme, los Halcones disolvieron a sangre y fuego una manifestación de estudiantes.
En el mundo había triunfado la Revolución Cubana y mediante la vía electoral un gobierno socialista llegó a Chile para más tarde ser derrocado por el Ejército imponiendo en esa nación una dictadura militar.
Amafer se incorporó al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), un grupo guerrillero fundado por estudiantes de la Universidad Michoacana; participó en varias acciones y se vinculó con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que encabezaba Genaro Vázquez Rojas y con el Partido de los Pobres, que encabezaba Lucio Cabañas Barrientos.
El 15 de abril de 1974, Amafer protagonizó un operativo en el Hospital Infantil de Morelia; al día siguiente fue detenido en la propia capital michoacana por un comando de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). En el Archivo General de la Nación obran constancias de que estuvo en las instalaciones de la 21 Zona Militar y que fue sometido a interrogatorios por integrantes de la DFS (AGN/FDIPS, caja 2714 expediente único e informe “Estado de Michoacán”, suscrito por Luis de la Barreda el 17 de julio de 1974 en AGN/FDIPS, exp. 11-235-74/H103-104-104L-20 ). Hay también constancias de su paso por el Campo Militar Número 1 de la ciudad de México.
La noche del 19 de julio de ese mismo año, elementos de la Dirección Federal de Seguridad, acompañados por integrantes del Ejército Mexicano, irrumpieron en la comunidad de Tarejero, municipio de Zacapu, y se fueron contra la familia de Amafer. Destruyeron la casa y detuvieron a su padre, don José de Jesús Guzmán Jiménez, y a sus hermanos, Solón, Venustiano y Alexander. En Ciudad Nezahualcoyotl fue detenido Armando Guzmán.
Venustiano era casi un niño, tenía 15 años de edad, luego de ser torturado e interrogado fue liberado; Alexander fue sometido a crueles procedimientos que lo llevaron a perder la razón siendo regresado a Morelia donde, como vagabundo, sigue aún recorriendo las calles.
De don Jesús, Solón y Armando no se volvió a saber nada. A 38 años de distancia son muestra de un delito de lesa humanidad cometido por el gobierno mexicano: la desaparición forzada de personas.
Venustiano se incorporó luego de ser liberado al MAR y poco después a la Vanguardia Armada del Pueblo, pero fue hecho prisionero nuevamente; la última vez que se le vio con vida fue a principios de 1976 en la cárcel de Acapulco.
Abdallán Guzmán Cruz, otro de los integrantes de esta familia, corrió con mayor suerte: fue detenido en noviembre de 1974, pero gracias a que sus compañeros estudiantes se movilizaron de inmediato a la Secretaría de Gobierno al saber de su detención, fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado y posteriormente al Palacio Negro de Lecumberri en la ciudad de México.
La inconformidad de los estudiantes en las décadas de los años 60 y 70, con los cauces legales cerrados y todos los medios de comunicación alineados con el poder, propició la proliferación de movimientos insurgentes. Al iniciar el gobierno de José López Portillo, un secretario de Gobernación sensato, Jesús Reyes Heroles, anunció la amnistía para los presos políticos y la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que abrió paso a la transición mexicana. Sin embargo, el tema de los desaparecidos políticos no se resolvió entonces y no se ha resuelto ahora.
Vicente Fox anunció como una de sus primeras acciones de gobierno la creación de una fiscalía especial, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, la cual no se atrevió siquiera a publicar el informe final de sus investigaciones. El tema de los desaparecidos políticos es un pendiente, un paréntesis que no se ha cerrado y que ha llegado ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado sábado 28 de julio la comunidad indígena de Tarejero les rindió homenaje a don Jesús Guzmán Jiménez, Amafer, Solón, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, como mártires de la democracia. Al acto acudieron Mario Magaña Juárez, en representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa; el presidente municipal de Zacapu, Alejandro Tejeda; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cazares Solórzano; el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Eleazar Aparicio Tercero; David Cabañas Barrientos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y la Fundación Diego Lucero.
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