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Protestas por desaparecidos resuenan en palacios de gobierno y sedes militares
Sábado 11 de mayo de 2013, por
La Redacción
MÉXICO, D.F. (apro).- Las movilizaciones de mujeres y activistas, quienes reclaman la aparición con vida de familiares desaparecidos, alcanzaron tanto sedes militares como de Congreso y palacio de gobierno en al menos tres entidades del país.
En el estado de Nuevo León, medio centenar de mujeres realizaron una manifestación frente al Congreso local y, desde ahí, exigieron que se investiguen la desaparición de sus hijos y se castigue a los culpables.
Además, entregaron en la Oficialía de Partes una petición: que se apruebe la Ley de Víctimas en el estado.
La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) tiene abiertos 233 expedientes, con mil 47 personas desaparecidas desde 2009.
De estos casos, 300 están catalogados como desapariciones forzadas en las que estuvieron implicados policías estatales o municipales.
Ninguna persona ha sido encontrada con vida.
Rompen diálogo en Chihuahua
En Chihuahua, las madres integrantes de la asociación Justicia para Nuestras Hijas rompieron el diálogo con el gobernador César Duarte Jáquez, tras encontrar cerradas las puertas del palacio de gobierno.
“La justicia no se negocia señor gobernador”, le gritaron durante la manifestación realizada este viernes, en la que clamaron justicia.
Norma Ledezma Ortega, coordinadora de la asociación, lamentó el gesto del gobernador. “Es lamentable que hoy, 10 de mayo, nos cierre las puertas del palacio de gobierno. Qué pena que mientras ayer estaba usted celebrando a sus empleadas con conjuntos y grupos musicales, hoy 10 de mayo nos haya cerrado las puertas cuando lo único que queremos es justicia. Nos costó confiar y hoy le decimos que ya no confiamos más, queremos justicia”.
Lourdes Hernández, madre de una joven desaparecida desde 2010, secundó:
“Estoy indignada de que nos hayan cerrado las puertas, mientras se mantiene festejando con el dinero del pueblo, y los policías que investigan nuestros casos no tienen ni para gasolina cuando les avisamos que hay un dato, que vayan a determinado lugar, las unidades están en pésimas condiciones, no pueden trabajar”.
Norma Ledezma pidió a Duarte que, cuando festeje a su esposa y a su madre, recuerde que estuvieron tres horas frente al palacio de gobierno, ante la cruz de clavos que ya casi no tiene más cupo para más cruces, símbolo de la violencia e impunidad en Chihuahua.
“Señor gobernador, queremos justicia… es más fácil para su política decir que no hay violencia en el estado y que los casos están aclarados… pero aquí estamos para decirle que no es cierto… que nos diga cuál caso está aclarado, en ninguno de nuestros casos se ha hecho justicia, en ninguno”, sentenciaron una a una las madres.
Durante las tres horas que permanecieron frente al palacio de gobierno, personal de Comunicación Social grabó las incidencias y los mensajes de las madres que buscan a sus hijos.
En el convulsionado estado de Michoacán, unas setenta personas del Comité de Familias de personas detenidas y desaparecidas se manifestaron a las afueras de la 21 Zona Militar y en el centro de la capital, en solidaridad a las madres con hijos desaparecidos.
Luego de la caminata por la 21 Zona Militar y el Congreso local, los manifestantes pararon frente al palacio de gobierno, donde pidieron justicia por las personas desaparecidas.
En sus siete años de existencia, el comité tiene registrados 159 casos de desaparición. El primer nombre en la lista es Francisco Paredes Ruiz, un expreso político e integrante del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), quien desapareció en la ciudad de Morelia el 26 de septiembre de 2007.
En Guerrero, un grupo de mujeres integrantes del magisterio disidente realizaron una marcha por las principales calles de Chilpancingo para conmemorar “el Día de las Madres” y condenar la actitud del gobernador Ángel Aguirre, quien ha insinuado en medios de comunicación que el movimiento magisterial está financiado por “el narco y la guerrilla”.
La manifestación pacifica, en la que participó un centenar de personas –niños, mujeres y hombres– partió del sur hacia la alameda Granados Maldonado, donde los inconformes realizaron un mitin para recordar la labor de mujeres que han sido asesinadas por exigir justicia en este contexto de impunidad y violencia que se vive en el país.
Los participantes destacaron el caso de Marisela Escobedo, una madre que fue asesinada en Juárez, Chihuahua, por exigir castigo en contra de los homicidas de su hija.
Al respecto, las mujeres y madres del magisterio disidente en la entidad señalaron que los conflictos sociales que se viven en el país son el resultado de las políticas fallidas impulsadas por los presidentes en turno, mismas que son avaladas por autoridades estatales y la clase política en general, quienes buscan beneficios personales a costa del grueso de la población que vive en situación de pobreza y marginación.
“Nos llaman vándalos y delincuentes por manifestarnos para exigir respeto a nuestros derechos y un alto a las políticas que atentan contra la estabilidad y la paz social, mientras ellos (los políticos) se enriquecen de forma ilícita y se alían con la delincuencia organizada para sembrar el miedo y terror entre la población”, expresó una maestra de la región Centro de la entidad. (Con información de Patricia Mayorga, Luciano Garza y Ezequiel Flores).
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