Documento entregado a la Alta Comisionada Michelle Bachelet

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C. MICHELLE BACHELET
ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE

Saltillo Coahuila a 7 de abril de 2019

Reciba un cordial saludo de los familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares que integramos la Campaña Nacional contra la Desaparición forzada en México, es para nosotros sumamente importante darle a conocer la situación que prevalece en nuestro país en referencia al tema de la impartición de justica e impunidad en los casos desaparición forzada de personas y particularmente la desaparición forzada cometida en contra de personas defensores de derechos humanos y luchadores sociales.

La desaparición forzada en una política de Estado, sistemática, generalizada y transexenal, cuyo antecedente data desde los años 60.

La documentación que hemos realizado sobre desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales demuestran estas características, en donde de los 167 casos que tenemos registrados desde el 2006 hasta la fecha, (los cuales es importante decir, no se encuentran registrados en las bases de datos del Estado mexicano) en ningún caso se ha llevado a juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, aun y cuando existen elementos que señalan la responsabilidad directa de agentes del Estado en la comisión de estos y lamentablemente en esta misma situación se encuentran los miles de casos que se han denunciado en el país.

Por ello queremos reiterar que el acceso real a la justicia en México es inexistente, así lo demuestran las pocas sentencias condenatorias que existen, es increíble por ejemplo, que de los más de 40 mil casos que se han reconocido oficialmente por el gobierno, sólo se tiene conocimiento de 15 sentencias por desaparición forzada, de las cuales a ciencia cierta no se puede determinar cuántos perpetradores enfrentan o han enfrentado un juicio penal, de qué corporación sean o se encuentran en prisión preventiva o purgan alguna condena. Así como tampoco se sabe de casos en los que se haya sancionado ejemplarmente a toda la cadena de mando responsable de una desaparición forzada.

Cuando se ha llegado a sancionar, sólo se ha detenido a policías de los ámbitos locales y algunos soldados de rangos inferiores, sin que se llegue a sancionar a superiores jerárquicos, dado que los militares y las fuerzas armadas en nuestro país siguen siendo intocables por las autoridades, a pesar de ser señalados y de existir evidencias de su responsabilidad.

Evidencia de lo anterior, es que existen sentencias judiciales que los representantes legales de las victimas junto con los familiares han ganado vía juicios de amparo para realizar diligencias de búsqueda e investigación, sin embargo, no son cumplidas por los jueces y magistrados, ya que en ellas se responsabiliza a las fuerzas armadas . Así mismo, la Suprema Corte de la Nación que es la máxima instancia impartidora de justica en nuestro país, no ha querido conocer ni atraer estos casos para ejercer presión y lograr que se cumplan, lo cual ha hecho que estos permanezcan en la impunidad.

La falta de acceso a la justicia para las víctimas ha permitido que miles de casos más se sigan sumando a la interminable lista de desapariciones forzadas en nuestro país, pues se sigue mandando el mensaje a los perpetradores de que pueden detener y desaparecer a las personas sin que exista una sanción por cometer este crimen.

Otro aspecto que es importante señalar es que la búsqueda y la investigación de los casos, sigue recayendo en los familiares, en las investigaciones las únicas evidencias que existen son aquellas ofrecidas por los familiares y cuando estas son ofrecidas a las autoridades estas se niegan a investigar y en muchos casos los ministerios públicos consignan por delitos menores en lugar del delito de desaparición forzada y los jueces no utilizan sus atribuciones para reclasificar los delitos aun y cuando ya existe en estos momentos la Ley general sobre desaparición forzada.

En el gobierno actual a pesar del discurso de buena voluntad, se sigue negando la gravedad de las desapariciones forzadas, el empleo de palabras como; “personas desaparecidas”, “no localizadas” o “ausentes” para explicar y tratar el tema de las desapariciones forzadas y la casi nula referencia a la palabra desaparición forzada es evidencia de la falta de responsabilidad que se quiere asumir en estos casos. Primero porque el Estado mexicano sigue sin reconocer la magnitud, la sistematicidad y la generalidad de las desapariciones forzadas y segundo porque adopta el cómodo discurso de las desapariciones en general como lo hicieron los gobiernos anteriores, haciendo hincapié, en que la mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares y no por el Estado.

Ante esto queremos solicitar que en sus encuentros con el gobierno mexicano se siga exhortando a que:

1. Que el Estado mexicano abandone la práctica de la desaparición forzada y cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción en todos los casos de desaparición forzada ocurrida hasta nuestros días, lo que significaría la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada o, por lo menos, la información sobre su paradero real.

2. Que el Estado ponga fin a las amenazas, hostigamientos y ataques contra los familiares y personas defensoras de derechos humanos que luchan contra la desaparición forzada.

3. Que el Estado realice las reformas necesarias a la Ley General de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares a fin de establecer las sanciones a superiores jerárquicos, la creación de un Registro público nacional de personas desaparecidas de manera forzada –cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil–, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación y contemple la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense, órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.

4. Que el Estado mexicano establezca protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito.

5. Que el Estado mexicano sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada.

6. Que el Estado mexicano reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 31 de la CIPPDF, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.

7. Que el Estado mexicano asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado “guerra sucia”, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar el combate a la impunidad y las medidas de no repetición.

8. Que el Estado Mexicano cree una comisión de la verdad para todos los casos de desapariciones forzadas que contemple una instancia en específico para los casos de desaparición forzada cometidos en contra de luchadores sociales y personas defensoras de derechos humanos que comprenda los casos desde la guerra sucia.

La voluntad política del Estado mexicano debe traducirse en investigar las desapariciones forzadas y las desapariciones a manos de particulares, en dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de dicho crimen. Sin verdad, sin justicia, sin reparación integral del daño y sin medidas de no repetición no es posible hablar de que en México se están dando los pasos necesarios para erradicar tan aberrante práctica.

Atentamente

Organizaciones de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio, Red de Antropologías Populares del Sur y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

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