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Boletín de Prensa: Posicionamiento de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en el marco del día internacional del detenido desaparecido y respecto a la necesidad de una Ley General contra la Desaparición Forzada
Martes 30 de agosto de 2016, por
Ciudad de México a 30 de Agosto de 2016
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de desaparición Forzada a conmemorarse este 30 de agosto, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, de derechos humanos, populares e indígenas agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada manifestamos nuestro posicionamiento respecto a la situación que guarda la terrible problemática de la desaparición forzada en el país.
1.- A 6 años del inicio de la Campaña Nacional Contra la Desparición Forzada en México, es lamentable constatar que la situación de las desapariciones forzadas en el país no ha cambiado, sino todo lo contrario, existe un incremento considerable de esta aberrante práctica y sin visos de mejora. Muestra de este hecho son las 88 personas defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada en lo que va del sexenio de EPN y las desapariciones forzadas en contra de jóvenes, migrantes y mujeres en la mayoría de los estados del país. Como Campaña hemos evidenciado con datos y testimonios lo que constantemente hemos denunciado; la desaparición forzada es una política de Estado y se desarrolla de manera generalizada y sistemática en México.
2.- A pesar de las miles de voces que se han alzado en todo el país y a nivel internacional para condenar esta terrible situación y más, a raíz de la lamentable desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Estado sigue sin reconocer la persistencia de este crimen, lo cual demuestra una vez más que este crimen no podría ser posible sin la planeación, participación y encubrimiento de las estructuras del Estado. Evidencia de lo anterior, es el caso de los 43 no está siendo investigado jurídicamente por desaparición forzada, aun cuando existe la participación clara de agentes del Estado.
El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un caso tipo que evidencia todo lo que conlleva la realización de una desaparición forzada desde las estructuras del Estado, es decir; La participación directa del Estado mediante sus diferentes estructuras, el invento de las verdades históricas y al final continuar con el ocultamiento del paradero real de las víctimas de desaparición forzada.
3.- La perversidad del Estado mexicano manifestada bajo sus argucias de supuestas “incapacidades”, “falta de recursos”, “de personal”, “de capacitaciones a los funcionarios”, entre muchas otras más, ha llevado a que cientos de familias se vean orilladas a salir, bajo el clima de impotencia y desgaste generado por el Estado, a los montes y campos de diversos Estados de la república a buscar a sus seres queridos con sus propios recursos, exponiéndose a todo tipo de riesgos.
Resultado de lo anterior es que familiares de víctimas de desaparición han sido ejecutados de manera extrajudicial por realizar la denuncia y la búsqueda:
Nepomuceno Moreno integrante del Movimiento por la Paz, quien fue asesinado el 28 de noviembre de 2011 en Hermosillo Sonora, Sandra Luz, de 50 años, asesinada el 12 de mayo de 2014, en Sinaloa, Norma Angélica Bruno Román integrante del Comité Familiares de los Otros Desaparecidos de Iguala fue asesinada en febrero de 2015, Sra. Cornelia San Juan Guevara Guerrero, asesinada el día 15 de enero de 2016 en el Estado de México y José de Jesús Jiménez integrante de las Brigadas de Búsqueda de Desaparecidos quien fue asesinado este junio de 2016 en Veracruz.
Estos casos sumamente dolorosos para el movimiento de familiares de desaparecidos, sucedieron por la permisividad y la perversidad del Estado al propiciar, ante su negativa y falta de voluntad política para realizar las búsquedas e investigaciones, que estos familiares fueran ejecutados de manera extrajudicial por exigir justicia, los cuales una vez que fueron ejecutados, fueron criminalizados para tratar de justificar su muerte, señalándolos como casos aislados, para así, el Estado deslindarse de su responsabilidad.
4.- Una muestra más de la falta de voluntad política del Estado para erradicar las desapariciones forzadas la vemos manifiesta en la demora para legislar la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar las Desapariciones forzadas y la desaparición cometida por particulares, la cual en estos momentos ni siquiera figura como tema prioritario en la agenda legislativa de este nuevo periodo de sesiones.
Es necesario recordar que la promulgación de la Ley general es una demanda histórica y pendiente de los legisladores, pues esta demanda lleva en demora más de 16 años, después de que familiares propusieran en 1999 la primera iniciativa de ley para erradicar este crimen.
Ante esto como integrantes de la campaña Nacional contra la Desaparición Forzada entregamos el 3 de septiembre del 2015 al Senado de la república una propuesta de iniciativa de Ley General elaborada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos y populares, la cual, tras un año de nutrirse con el conocimiento y la experiencia de las víctimas será entregada en la Cámara de diputados el 6 de septiembre a las 10:30 am y nuevamente en el Senado el 13 de septiembre a las 11:30 am para que en este inicio del periodo ordinario de sesiones tengan ambas cámaras una propuesta acorde a los estándares internacionales y a las necesidades de las víctimas.
No avalaremos una Ley General que no reconozca que la desaparición forzada es una política de Estado, no avalaremos una Ley General que no garantice Memoria, Verdad, Justicia, Reparación integral y medidas de no repetición, no avalaremos una Ley General elaborada en lo oscurito y sin participación real de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares. No avalaremos una Ley General sin presupuesto, sin un Instituto Nacional Autónomo Forense, sin declaración de Ausencia por desaparición forzada, sin una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y sin una Fiscalía de búsqueda e investigación eficaz.
Los derechos a la verdad, memoria, justicia, reparación integral y medidas de no repetición no son negociables. No aceptamos el engaño de la promesa de verdad por justicia, si no hay castigo a los responsables estaremos permitiendo que continúen las desapariciones forzadas y que miles de familias padezcan en el futuro el dolor que hoy padecemos nosotros.
5.- La inexistencia del Estado de derecho en el país para las miles de víctimas del Terrorismo de Estado sigue expresándose en la negativa del Estado por cumplir con sus propias leyes, que buscan enjuiciar y castigar a los responsables de cometer los casos de desapariciones forzadas, como lo es el incumplimiento de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación que ordena buscar a los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez en los principales cuarteles militares y que se cite a comparecer a altos mandos que estuvieron en funciones en mayo del 2007, fecha en la que ambos fueron desaparecidos. La cual es una exigencia no sólo para este caso sino para muchos más que existen en el país, y que permanecen impunes ante la falta de voluntad del Estado por cumplir con sus propios marcos legales. Hecho que nos permite asegurar, sin temor a equivocarnos que no existe en el país una herramienta eficaz para lograr la erradicación de este crimen y que sólo mediante la organización coordinada de todas las víctimas y del pueblo en su conjunto es que lograremos frenar esta política del Estado que ha preferido desaparecer, ejecutar o encarcelar a sus ciudadanos en lugar de resolver los graves problemas que aquejan a la sociedad.
6.- En este marco en el que se conmemora el 6to aniversario del reconocimiento internacional del día de las Victimas de desaparición forzada, iniciativa impulsada por más de 35 años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y que cumplimos también 6 años de lucha contra la desaparición forzada, reiteramos que nuestra lucha continua por la exigencia de presentación con vida de todas las victimas de desaparición forzada y las victimas de desaparición cometida por particulares, y que en este marco estamos desarrollando a nivel nacional diversas actividades coordinadas para recordar a las miles de víctimas, como el acto político cultural que se realizó en el Hemiciclo a Juárez el día 28 de agosto en la Ciudad de México, el encuentro de familiares de víctimas de desaparición forzada que se realiza el día de hoy en la ciudad de Oaxaca, así como la marcha en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.
Luchamos por la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano y Gabriel Gómez Caña, el Indígena Fidencio Gómez Santiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.
http://www.ustream.tv/recorded/90919860
¡Vivos se los llevaron, vivos los Queremos!
¡Juicio y Castigo a los responsables!
¡Por una Ley General Contra la Desaparición Forzada elaboradas desde las organizaciones y víctimas!
¡Ante el Terrorismo de Estado, un Pueblo Organizado!