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Recibe CNDH expediente de eperristas desaparecidos en Oaxaca
Jueves 2 de junio de 2011, por
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, DF, 24 de mayo (apro).- A unas horas del cuarto aniversario de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que acaba de recibir del gobierno de Oaxaca el expediente iniciado por ese caso.
En un comunicado, la CNDH explicó que hace dos años, en la recomendación 7/2009 dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a los gobiernos estatal y municipal de Oaxaca, solicitó copia del expediente completo de la desaparición de los activistas.
Luego de señalar que seguirá pendiente del cumplimiento de la recomendación, la CNDH resaltó que “es necesaria la coordinación entre las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia de Oaxaca (PGJE) para la investigación de los acontecimientos, que contribuya a la aportación de pruebas que permitan conocer el destino final de los dos agraviados”.
El ombudsman recordó que emitió la recomendación el 13 de febrero de 2009, y en ella puntualizó que “corresponde al Estado mexicano la obligación de restituir a los mencionados (Reyes Amaya y Cruz Sánchez) el pleno goce de los derechos humanos que les fueron conculcados, así como reparar los daños y perjuicios que se les hubiera ocasionado”.
En la recomendación, el organismo advirtió que en los informes de las autoridades federales, estatales y municipales había serias contradicciones sobre un operativo en el que participaron, y en el que habría ocurrido la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
La CNDH confirmó que los insurgentes fueron “trasladados de manera velada” a las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo, y que desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
En el documento se resalta que pese a que la PGR integró un investigación a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), durante los primeros 18 meses la dependencia federal no había identificado a los probables responsables para ejercer la acción penal correspondiente, “incurriendo así en un ejercicio indebido de la función pública en la procuración de justicia, sin dejar de considerar la negativa da colaborar en las tareas de investigación de la Comisión Nacional, al impedirle conocer los avances de las acciones realizadas por esa representación social de la Federación”.
En sus conclusiones, la CNDH denunció que funcionarios de la PGR, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca —hoy Secretaría de Seguridad Pública (SSP)—, PGJE, así como la Dirección General de Seguridad Pública municipal, violaron los derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso en agravio de Reyes Amaya y Sánchez Cruz.
Finalmente, el organismo nacional exigió a los gobiernos estatal y municipal de Oaxaca la presentación inmediata de los desaparecidos y, al gobierno federal, la culminación de las investigaciones para sancionar a los presuntos responsables.
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